El gobierno de Guerrero denunciará la entrega de armas a niños en el municipio de José Joaquín de Herrera, después del acto de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria-Pueblos Fundadores (CRAC-PF) en la que presentó a un grupo de 20 menores armados, de entre 11 y 15 años.
“Armar a niños no es una estrategia adecuada, a mí me parece que estas personas que han optado por tomar estas estrategias están equivocados”, dijo este jueves el secretario general de Gobierno estatal, Ludwing Marcial Reynoso Núñez, en entrevista con medios.
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El pasado miércoles, en la comunidad indígena de Ayahualtempa, un grupo de cinco niñas y 15 niños recibieron armas para tomar protesta como integrantes de la CRAC-PF, hecho que consideró el funcionario como una violación a los derechos de la niñez.
Por ello, el funcionario indicó que se presentarán las “denuncias correspondientes” y aseguró que como “autoridad no podemos permitir que esto siga sucediendo”.
Por su parte, durante la toma de protesta de los niños, el integrante de la CRAC-PF, Luis Morales Rojas, miembro del Consejo del gobierno Náhuatl, dijo que los jóvenes de mayor edad se integrarán a la búsqueda de cuatro integrantes de una familia que fue secuestrada el pasado 19 de enero, y que los demás harán labores de vigilancia.
A los niños, contó, se les capacitó en el manejo de armas como rifles calibre 22; escopetas de calibres 20, 16 y 410, así como pistolas.
En el acto llevado a cabo durante la asamblea, en el que algunos menores sólo tenían carrizos a manera de rifles, exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador, y a la gobernadora, Evelyn Salgado, que ayuden a la localización de la familia indígena.
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La familia está integrada por Cecilia Gaspar Hernández, de 50 años; su esposo José Teodoro Domingo Ortiz, de 52, y sus hijos Roberto y Gaudencio, de 30 y 22 años, quienes el 19 enero fueron secuestrados en el punto conocido como Zacatepec, donde pastoreaban su ganado.
Con información de EFE