Luego de un debate de casi ocho horas continúas, el pleno del Senado de la República aprobó en lo general y lo particular revertir una parte de la reforma energética de Enrique Peña Nieto, y regresar a que Pemex y CFE sean empresas públicas del Estado.
En su intento por frenar esta reforma, la oposición sólo alcanzó 39 votos. La senadora Amalia García votó en abstención. Se presentaron 10 reservas por parte de la oposición, pero ninguna fue aceptada por la mayoría oficialismo.
La bancada oficialista de Morena, junto con PT y PVEM, logró obtener nuevamente la mayoría calificada de 86 votos con el apoyo del senador Miguel Ángel Yunes Márquez, una estrategia que Morena utilizó por primera vez en la aprobación de la reforma judicial el 11 de septiembre.
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Cabe destacar que en 2013, el entonces presidente Enrique Peña Nieto presentó una iniciativa, que fue aprobada ese mismo año en el Congreso de la Unión, para que Pemex y CFE pudieran recibir inversión privada sin que el Estado perdiera la rectoría de esas empresas paraestatales.
El dictamen aprobado elimina del texto constitucional el concepto de “empresas productivas del Estado” y lo sustituye por el de “empresas públicas del Estado”. En el artículo sexto constitucional se establece el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación y, con esta reforma, se asegura el servicio de Internet proporcionado por el Estado.
En tribuna, el senador Pablo Angulo del PRI preguntó si con esto último, el gobierno quiere monopolizar el internet y ser el único en proveerlo y controlarlo.
El senador Ricardo Anaya del PAN advirtió que esta reforma será perjudicial para México en la revisión del T-MEC con sus socios de Estados Unidos y Canadá, debido a que se impone un límite a la iniciativa privada en generación de energía eléctrica.
Además, alertó que la deuda de Pemex pasa a ser deuda del Estado mexicano, aunque la senadora priista Claudia Anaya dijo que eso ya era una realidad.
Sin embargo, Anaya Cortés dijo: “Qué necesidad de limitar la participación de los privados en generación de electricidad. Y nos parece un despropósito, porque al final lo que la gente quiere son tres cosas: energía limpia, número uno; barata, número dos, y abundante, número tres. No podemos acompañar su reforma en tanto CFE siga quemando combustóleo para generar electricidad, contaminando”.
La senadora priista Claudia Anaya afirmó que con esta reforma “ni se salva la patria ni se acaba el mundo”.
La senadora de Morena, Cecilia Guadiana, consideró que “la reforma de 2013 preparó el camino para el desmantelamiento de la Comisión Federal de Electricidad y de Pemex: "A la CFE se le fracturó en varias subsidiarias provocando que se duplicarán sus actividades operativas para que con el tiempo se hiciera menos rentable y, para rematar se limitó su generación, inclusive la renovable por medio de reglas de despacho de energía que claramente favorecían la generación de las empresas privadas”.
La senadora Alejandra Barrales de Movimiento Ciudadano recordó que en 2013 era senadora del PRD y participó en la discusión de la reforma energética de ese año, “para dar una importante batalla en contra de la llamada reforma energética de Peña Nieto, una reforma polémica, una reforma que era muy importante que pudiéramos confrontar, porque buscaba poner en manos de la iniciativa privada los altos cargos de las empresas públicas en un sector estratégico para el desarrollo y para la vida de nuestro país”.
Aunque dijo coincidir con el dictamen presentado, Barrales votó en contra porque “no estamos en este dictamen obligando a las empresas públicas a garantizar su compromiso con la transición energética”.
El dictamen aprobado fue turnado a los Congresos de los estados para su ratificación, pues al tratarse de una reforma constitucional se requiere el aval de al menos 17 de ellos.