El Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México criticó al Mecanismo de Protección de Personas del gobierno federal por su deficiencia y negligencia por la falta de acción en el caso de la buscadora y activista Mayra Elizabeth Ávalos Camarena tras un incidente de inseguridad.
"La reubicación y el refugio de la familia es urgente, su riesgo es extraordinario", exigió el consejo en un comunicado que publicó luego el pasado 11 de octubre un grupo de hombres armados irrumpieran en el domicilio de Ávalos Camarena para llevarse el expediente de sus hermanos desaparecidos desde 2019.
De acuerdo con el Consejo Consultivo, los trámites de incorporación de la activista buscadora y su núcleo familiar al Mecanismo de Protección han sido lentos, lo que ha generado que tenga una "inadecuada respuesta al no brindarle de manera oportuna el refugio y reubicación necesarios que exige su situación".
Te podría interesar
Asimismo, señaló que el mecanismo no ha tenido un enfoque basado en el principio superior de la niñez y adolescencia, considerando que la buscadora cuenta con tres hijos menores de edad.
La organización aseguró que tanto la buscadora y su familia han estado a salvo gracias a las acciones del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), quienes han desplegado acciones de seguridad; sin embargo, afirmó que la protección es una obligación del Estado.
"La familia Camarena ha sido blanco de diversos ataques y agresiones a lo largo de los últimos años derivadas de sus acciones de activismo y búsqueda de su hermana y sus cuatro hermanos desaparecidos", detalló el Consejo Consultivo en un comunicado de prensa.
En diciembre de 2019, los hermanos José de Jesús Martínez Camarena, Ernesto Padilla Camarena, Tonatiuh Ávalos Camarena y Oswaldo Ávalos Camarena fueron detenido por policías sin justificación mientras circulaban en el municipio de Ocotlán, Jalisco y desde entonces se desconoce su paradero.
Los hermanos Camarena buscaban a su hermana Lucero, quien desapareció en 2016 en el municipio de Tlaquepaque.
En enero de este 2024, dos policías municipales fueron sentenciados a 102 años de prisión por el delito de desaparición forzada en relación con este caso