El Congreso mexicano respondió con amenazas a la propuesta de un grupo de abogados de hacer una consulta popular sobre cómo deben designarse o elegirse a ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación.

Los abogados Marisol Rivas Contreras, Carlos Zaragoza Cibrián y Francisco Juárez Piña, analizaron la Ley Federal de Consulta Popular, aprobada durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, y observaron que allí se abre una puerta para que sean los mexicanos quienes decidan cómo deben elegirse a los juzgadores.

“En vista que el Poder Legislativo y presidencia de la República no hacían caso a las suspensiones y a los juicios de amparo, quisimos apostarle a estos mecanismos de democracia directa, en donde los ciudadanos son los que toman la decisión”, dijo Marisol Rivas.

Como exige la ley, los abogados entregaron la intención de consulta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Congreso. A la Cámara de Senadores el 11 de septiembre pasado y a la de Diputados el 19 de septiembre.

Su petición es consultar a los electores: “¿Está usted de acuerdo que la designación de las y los juzgadores sea por votación popular directa o insaculación o mediante la designación por carrera judicial considerando los méritos, conocimientos y trayectoria?”

Trece días después, la Cámara de Diputados rechazó su propuesta justificando que “la materia de la solicitud de consulta ha perdido vigencia porque ya había sido publicada” y, por lo tanto, no les entregaron las constancias de presentación de aviso, así como el formato para recabar firmas para continuar con el procedimiento.

Sin embargo, los abogados consideran que la respuesta de la Cámara baja mostró un tono amenazador, ya que el escrito citó el artículo 136 relativo a la inviolabilidad de la Constitución, de acuerdo con el oficio a nombre de la entonces presidenta de la Mesa Directiva, Ifigenia Martínez.

Dicho artículo 136 advierte que “serán juzgados, así los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebelión, como los que hubieren cooperado a esta”.

“Entendimos como una amenaza, de que esto es un tema de incitar a la rebelión y entonces esto es motivo de cárcel. Propiamente, no lo dicen, pero si estás pidiendo una consulta popular y te contestan con un artículo que tiene que ver con rebelión y motivos de meterte a la cárcel, dijimos, o sea, nos están amenazando”, dijo Marisol Rivas.

La respuesta del Senado no fue diferente, el documento firmado por el morenista Rubén Cayetano García advierte: “por indicaciones del senador José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, le informó que la minuta con proyecto de decreto (...) ha sido aprobada  (...). Por lo tanto, no será posible atender su petición, ya que la materia ha sido concluida”.

La respuesta fue motivo de reclamos por escrito, incluso los abogados presentaron denuncias ante la Secretaría de la Función Pública en contra de los servidores públicos que respondieron a la propuesta de consulta.

“Incluso le puse denuncias al senador Fernández Noroña por porque se negaba a darnos la constancia y estaba tomando facultades, le dijimos que ellos no tienen por qué meterse a analizar jurídicamente la consulta popular, eso le toca a la Suprema Corte y ellos sólo tienen que recibir el aviso de intención y ellos realmente no hacen ningún tipo de pronunciamiento, entonces eso es excederse en sus facultades”, precisó Rivas.

Las presiones surtieron efecto, el Poder Legislativo entregó la documentación para iniciar la recolección de las dos millones de firmas que se requieren para que la consulta proceda.

SCJN e INE, otro calvario

Los abogados continuaron con el procedimiento ante el INE y la SCJN, en las dos instituciones hallaron retrasos en cómo iniciar el procedimiento porque nadie había presentado la intención de hacer una consulta popular.

El retraso mayor que hallaron fue el organizador de los procesos electorales, porque no estaba activada la aplicación de apoyo ciudadano y mucho menos la capacitación para el uso de la misma.

“Fui otra vez al Registro Federal de Electores, y me dijeron que no ‘no te pueden recibir, nosotros te hablamos otro día para que vuelvas’, y yo les dije ‘no, no me voy a ir’”, recordó Rivas.

El 15 de octubre los abogados recibieron la autorización para iniciar el proceso al darles acceso a la aplicación del INE con la que deberán recabar al menos el 2% de las firmas de los electores que aparecen en la lista nominal, es decir, alrededor de 2 millones de personas.

Hasta el momento han recabado unas 17 mil firmas. 

“Nosotros queremos que la consulta popular se lleve a cabo en el 2025 y tenemos que juntar esos dos millones antes de que acabe el mes de noviembre, si acaba y no juntamos los dos millones (de firmas), no significa que no se vaya a llevar a cabo la consulta, sólo que la consulta se llevaría a cabo hasta 2026”, explicó Rivas.