La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, afirmó que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum nunca va a “criminalizar la movilidad humana, sin descuidar las amenazas que pueden surgir de naciones extranjeras con motivo de los gobiernos nuevos que están siendo electos”.

De acuerdo con Ricardo Monreal Ávila, en reunión privada con coordinadores parlamentarios, la funcionaria federal dijo respecto al “incremento de las caravanas de migración, la estrategia del gobierno no cambiará y se le dará un enfoque de derechos y respeto a la dignidad de las personas”.

“Está comprometiéndose el gobierno de que no habría cambio en la estrategia de acompañamiento a los derechos humanos; respeto y protección a la dignidad de los migrantes y que, aun cuando se hayan multiplicado las caravanas no habría ni represión ni obstáculo alguno para su tránsito: migración ordenada, legal; una migración humanitaria”, enfatizó Monreal Ávila en entrevista con medios.

Al término de la reunión, Rosa Icela Rodríguez respondió de manera breve un par de preguntas y se retiró siempre escoltada hasta su camioneta por Monreal Ávila, por lo que él respondió las preguntas de los reporteros.

El líder de Morena adelantó que en los próximos días o semanas, “la Secretaría de Gobernación, o el gobierno, el Ejecutivo, estaría enviando una iniciativa de una nueva ley de juegos y sorteos”.

“Desde 1946 no se modifica para combatir la corrupción en esta materia, evitar la extorsión y que quienes se dedican a esta actividad paguen los impuestos que legalmente corresponden, relacionados con el ingreso que perciben”, indicó.

Otro de los compromisos del gobierno de Sheinabum, de acuerdo a Monreal Ávila, es “que no habrá ni represión ni censura en el ejercicio de las libertades de que gozan los mexicanos y mexicanas amparadas por la Constitución”.

Dijo que se “garantizará la libertad de expresión y el acceso a la información, pero, además, la seguridad de la protección a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que hasta la fecha, el Mecanismo de Protección a Periodistas y a Defensores de Derechos Humanos, son más de dos mil 200 personas”.

“Se ratificó el compromiso de acceso a la justicia para los afectados, víctimas y familias de Ayotzinapa, y los hechos de la “Guerra sucia”, explicó.

Otra de las políticas del actual gobierno es “el acceso a la justicia y frenar las desapariciones, o localizaciones de personas desaparecidas. El Estado mexicano se esforzará por cumplir con ese reclamo de la sociedad”, apuntó.