El senador del PAN, Marko Cortés, afirmó que la cancelación de una orden de aprehensión contra el también senador Miguel Ángel Yunes Márquez es apenas una contraprestación que recibió por haberse sumado a Morena y votar en favor de sus reformas, como la judicial.
En conferencia de prensa, consideró que la suspensión de la orden de aprehensión no será el único beneficio que recibirá el veracruzano Yunes Márquez, a quien el PAN ya expulsó como militante por haber votado en favor de la reforma judicial.
“Yo creo que es muy obvio la contraprestación y no debe ser la única, recuerden que el régimen morenista lo primero que hizo fue coartar legisladores que habían llegado por la oposición, y ahí está el pago, la contraprestación, y seguramente es un adelanto, que confirma lo que ya habíamos señalado al respecto, lo que ofrece el régimen morenista es pactos de impunidad si se suman con ellos, y ahí lo vemos reflejado”, mencionó.
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Cabe destacar que el martes, el juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Decimoprimer Distrito Judicial en Xalapa, Veracruz, Óscar Luis Lozada Hernández, canceló la orden de aprehensión en contra del senador Miguel Ángel Yunes Márquez, por los delitos de supuesto fraude.
En otro tema, luego de la aprobación de la reforma constitucional que desaparecerá siete órganos autónomos, Marko Cortés aseveró que el PAN buscará estrategias jurídicas dentro y fuera del país para oponerse a ello.
“Respecto de las batallas jurídicas que daremos para defender a los organismos autónomos, serán absolutamente todas las posibles en todos los frentes, nacionales o internacionales (…) Están buscando desaparecer el INAI, es claro que no quieren que tengamos otros datos más que los suyos, no quiere que podamos consultar cómo el gobierno se gasta el dinero público, les es muy incómodo, porque todos los datos de corrupción del gobierno de López Obrador fueron vías consultas de transparencia”, mencionó.
Finalmente, en otro tema, responsabilizó a la presidenta Claudia Sheinbaum de la pérdida de inversiones y empleos en México en caso de que su gobierno provoque una mala negociación del T-MEC con Estados Unidos y Canadá.