Por Julio Astorga
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) debe entregar sin testar los contratos de compra de emergencia de potencia en el sistema eléctrico de Baja California que se hayan firmado en 2022.
La Consejería Jurídica del Ejecutivo federal impugnó la resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), mediante la que se solicitó al Cenace hacer pública esa información, incluyendo los montos de los contratos.
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El proyecto, bajo la ponencia de la ministra Loretta Ortiz, propuso mantener reservada la información de los montos por causas de seguridad nacional. A su criterio, las empresas privadas podrían coaligarse para obtener un beneficio indebido mediante la subida de precios de venta de la energía al Estado, causando un daño al erario.
Con mayoría de ocho votos de los ministros en contra del proyecto de la ministra Ortiz Ahlf, se confirmó la resolución del INAI.
Por su parte, las ministras Lenia Batres y Yasmín Esquivel acompañaron a la ministra ponente con su proyecto. Ambas también argumentaron que se pone en riesgo el sistema eléctrico con la divulgación de la información, incluso la ministra Batres Guadarrama dijo que "no es una práctica excepcional" que empresas se pongan de acuerdo para obtener mayores beneficios en perjuicio del Estado.
La ministra Margarita Ríos Farjat abogó por la transparencia en las contrataciones públicas y recordó que la tendencia jurídica es que la sociedad tenga claridad sobre el gasto público y los contratos que celebra el gobierno.
Aseguró que no ve que la transparencia "lleve a los proveedores del gobierno a rescindir sus contratos o a coaligarse para actuar en contra del gobierno. Me llamaría mucho la atención qué clase de personalidades contratan", preguntó la ministra Ríos Farjat.
Luego de no ser aceptado el proyecto de la ministra Ortiz, el ministro Luis María Aguilar se encargará de elaborar el engrose de este asunto.
Cabe señalar que la ministra Lenia Batres no se ha excusado de conocer y votar en los asuntos que han llegado al pleno o salas de la Suprema Corte a través de la Consejería Jurídica de Presidencia, como este caso, en donde laboró desde octubre de 2021 hasta que fue nominada como ministra por el presidente Andrés Manuel López Obrador.