EFE.- Dos agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), incluyendo al encargado de la estación migratoria de Tijuana, en la frontera con Estados Unidos, están bajo investigación por delitos relacionados con corrupción y trata de personas, informaron autoridades este miércoles.
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, confirmó en una conferencia de prensa el arresto el 29 de febrero y posterior liberación de María Elizabeth Paredes y Marte Antonio Camacho, este último es desde hace 15 años encargado de la estación migratoria del INM en Tijuana.
Según información proporcionada a EFE por la Fiscalía General de la República (FGR), el pasado 29 de febrero dicha institución realizó una inspección en un domicilio de una zona residencial en el sur de Tijuana, que limita con California, en Estados Unidos, por labores de inteligencia que indicaban que ahí se realizaban actividades relacionadas con extorsión y secuestros.
Los agentes de la FGR encontraron a los dos funcionarios, además de “15 cartuchos calibre nueve milímetros, uno de ellos con punta expansiva, un millón 90 mil pesos y 27 mil dólares”.
Las autoridades también hallaron cuadernos con anotaciones de los cobros que hacían a los migrantes que ingresaban al estado de Baja California con la intención de cruzar a Estados Unidos.
Camacho también desempeñó funciones de control migratorio en los filtros de los aeropuertos de Tijuana y Mexicali, ambas ciudades de Baja California, fronterizas con Estados Unidos.
Tras la inspección, la FGR abrió la investigación y puso a los dos funcionarios del INM a disposición de la autoridad, pero en la audiencia inicial “el juez Óscar Saúl Cortez Ortiz decretó ilegal la detención” y ordenó su libertad inmediata, aunque la indagatoria sigue abierta.
Lee también: Ken Salazar promete que se dará protección a trabajadores migrantes en EU en el marco del T-MEC
La gobernadora señaló que los oficiales "venían trabajando desde hace ya varias administraciones, salieron libres y nuevamente se presenta ese tema, de los jueces que dejan en libertad (a los presuntos criminales)".
La fiscal general de Baja California, María Elena Andrade, también confirmó los hechos, al reiterar que lo señalado “fue del fuero federal", por lo que las autoridades "llevaron a cabo su investigación, la detención derivada de ese cateo y judicializaron ante el juez federal a las personas”.
“Ha habido unas libertades que ellos, la Fiscalía de la República, consideran de manera inconsistente, y fue lo que sucedió en este caso”, puntualizó.