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Activista de Sélvame del Tren acusa que la reforma a la Ley de Amparo es un retroceso en materia de derechos humanos
Jueves 7 de Noviembre de 2024

Activista de Sélvame del Tren acusa que la reforma a la Ley de Amparo es un retroceso en materia de derechos humanos

Foto: Cuartoscuro
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El espeleólogo Guillermo D. Christy, integrante del colectivo Sélvame del Tren, acusó este sábado que la reforma a la Ley de Amparo, recién aprobada en el Senado, es un retroceso a los derechos humanos.

“Las últimas modificaciones a la Ley de Amparo que acaban de aprobar los senadores son un ultraje a los derechos colectivos, son un retroceso en temas de derechos humanos”, dijo en un video compartido en redes sociales.

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Se trata de una reforma aprobada el pasado 17 de abril que impediría a los jueces dictar suspensiones contra normas aprobadas por el Congreso y obras del gobierno federal, aunque estas vayan en contra de la Constitución.

El activista señaló que con la reforma a la Ley de Amparo les quitaron una herramienta legal con la que luchaban contra “designios de los gobierno”.

“Pues quitándonos esta última herramienta legal, pues lo único que hacen es que cada vez estamos a la merced de la voluntad de una sola persona en el país y no podemos estar a la merced de una sola persona en el país, porque vivimos en una República, señor presidente”, criticó.

https://twitter.com/gchristy65/status/1781742540355465320

También recordó que mediante el amparo el colectivo Sélvame del Tren logró que se concedieran dos suspensiones contra el tramo 5 del Tren Maya, que no fueron acatadas por el gobierno federal porque siguen con las obras.

“Hoy por hoy, esta ley de amparo modificada lo único que hace es despojarnos de las luchas sociales”, finalizó.

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El pasado lunes, la Barra Mexicana de Abogados expresó su rechazo a la reforma a la Ley de Amparo.

Para la BMA la propuesta trata de restringir las facultades de los jueces para suspender normas generales, y contradice la reforma constitucional de 2011, que reconoce a los derechos humanos como parámetro de validez del orden constitucional en el país.