La Academia Mexicana de Ciencias Penales respaldó este martes la propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para la eliminación de la prisión preventiva oficiosa en el país.
En un comunicado, la academia indicó que la propuesta se da en el marco en el que el país debe reconocer la resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordena a México reformar las leyes para limitar la prisión preventiva oficiosa.
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“Esta asociación científica manifiesta su absoluto e incondicional respaldo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de cara a eliminar definitivamente y sin excepción alguna la prisión preventiva oficiosa del sistema de justicia penal de México”, se lee en el comunicado.
Asimismo, indicaron que “la prisión preventiva oficiosa es, evidentemente, violatoria de los derechos humanos, indigna del Estado Constitucional y absolutamente inaceptable en una democracia”.
El comunicado de la Academia de Ciencias Penales se da un día después del posicionamiento, en calidad de amicus curiae, de los 31 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, donde le piden a la Suprema Corte que no se elimine la prisión preventiva oficiosa en el país.
En el documento, los mandatarios estatales defendieron el uso de esta medida, pues aseguraron que permite garantizar la conducción de un proceso penal, proteger a las víctimas y procurar que el responsable no quede impune.
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“Hacemos un llamado respetuoso para que la Suprema Corte considere lo aquí expuesto, ya que se trata de una decisión que impactará directamente en la seguridad y gobernabilidad del país, y con ello en la de las entidades federativas”, se lee en el desplegado.
El posicionamiento de los gobernadores fue enviado en el marco de un próximo análisis que se espera realice la Suprema Corte tras la sentencia de la Corte IDH que ordena a México reformar las leyes para limitar la prisión preventiva oficiosa.
En mayo del año pasado, la SCJN anunció que definiría cómo participará el Poder Judicial en la ejecución de la sentencia de la CorteIDH; inició el expediente 3/2023, turnado al ministro Jorge Pardo Rebolledo, para acatar la orden por el caso “García Rodríguez y otro vs. México”.