La familia LeBarón presentará un recurso de revisión a un amparo en el que una jueza rechazó incluir a varios de sus integrantes en un convenio de reparación de daño, bajo el argumento de que se presentó más allá del plazo de 15 días a partir de la discriminación que se invoca.
Los quejosos pedirán en la revisión al amparo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraiga el caso, y el argumento que expondrán será que la discriminación que los excluyó no expira por tratarse de un hecho continuado que los afecta hasta la fecha.
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De acuerdo con un comunicado enviado por la familia, el amparo fue presentado el 8 de noviembre pasado, en el que reclamaban que la Secretaría de Gobernación los discriminó al no incluirlos en el convenio de reconocimiento y reparación de las víctimas de la masacre de Bavispe, signado el 16 de diciembre de 2020 con la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
En su resolución del 10 de julio, detallan, la jueza séptima de Distrito en Materia Administrativa, María Isabel Bernal Hernández, desestimó su demanda en el juicio de amparo indirecto 1727/2023.
"La jueza determinó que la demanda no debía ser aceptada debido a tecnicismos erróneos que ahora tendrán que ser analizados en la instancia superior", explicaron.
La familia fue víctima de la masacre ocurrida en Bavispe el 4 de noviembre de 2019, "en la que tres mujeres y seis menores perdieron la vida por negligencias y responsabilidad ya reconocida por el Estado mexicano".
¡Acudiremos a la @SCJN para buscar justicia!
Les quiero comentar una nueva injusticia a la que nos estamos enfrentando. Es necesario alzar la voz porque alcanzar la justicia en el caso de mi hija y nietos masacrados ha sido complicado.
Nunca imaginamos cuántas puertas íbamos a… pic.twitter.com/SqQn1Hk9SB— Adrián LeBarón (@AdrianLebaron) July 29, 2024
Detallaron que "la jueza argumentó que el convenio surtió sus efectos en la fecha de su celebración y que el plazo para interponer la demanda era de 15 días a partir de entonces. Sin embargo, esta resolución ignora la discriminación continua que sufre la familia LeBarón por parte de los funcionarios del Estado mexicano, al no ser considerados hasta el momento para ningún tipo de reparación que sí se otorgó a las otras víctimas".
Los efectos de tal discriminación, argumentan, "son de carácter continuado y se siguen generando conforme trascurre el tiempo hasta que se dé un trato equitativo en las acciones reparatorias que otorgó el gobierno mexicano".
Por la relevancia y trascendencia del caso, que puede considerarse como “excepcional y novedosa”, es que la familia LeBarón solicita que la SCJN atraiga el caso. "Podría sentar un precedente jurídico importante que impacte a otras víctimas de la violencia en México".
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Adrián LeBarón, padre de María Rhonita LeBarón Tucker, una de las víctimas cuyo reconocimiento y reparación se busca, expresó que su exclusión del convenio "es una muestra clara de la falta de compromiso moral por parte de los funcionarios responsables; buscamos justicia y equidad para todas las víctimas de la violencia en nuestro país", de acuerdo con el comunicado.
"Buscamos que a través de nuestro caso se cree un precedente para que las víctimas de nuestro país puedan acceder a la justicia en un plano de igualdad y no discriminación. Aún existe una enorme brecha legislativa para lograr que las víctimas tengan un verdadero libre acceso a la justicia", concluye el documento.