La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Yasmín Esquivel Mossa aseguró este lunes que por cambiar solamente la forma de designación de jueces y magistrados como lo propone la reforma del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no se puede pensar que “mágicamente se va a resolver el problema de justicia, el rezago, la lentitud de los procedimientos o la impunidad en la comisión de los delitos”
“Estos son problemas que, en la mayor parte de los casos, no tienen que ver con el tema de los servidores públicos concretamente, sino con deficiencias que atañen a otro tipo de aspectos que tenemos que analizar” dijo en su participación en el foro de la reforma al Poder Judicial “Efectos en beneficio de la Ciudad de México".
Puedes leer: La reforma al Poder Judicial puede afectar el clima de inversión si no se garantiza su independencia: Fitch Ratings
Para la ministra se debe evitar la suposición de que la reforma judicial sea una sanción a los juzgadores por un mal desempeño, ya que quienes han servido en la impartición de justicia conocen la escasez con la que se trabaja.
“Hago un llamado a reflexionar y trabajar en la búsqueda de la unidad, en el resultado de estas reformas, de que quienes legislan no estén divorciados de quienes juzgan, para que se pueda dar una reforma al Poder Judicial con el voto popular de los ciudadanos y que pueda armonizarse justamente para darle justicia a todos”, comentó.
Esquivel Mossa afirmó que no se puede fallar en esta reforma y se tiene que buscar la forma de resolver los obstáculos que se plantean, entre ellos, a su consideración el más importante es avanzar en la elección de las personas juzgadoras.
Ante esto, reiteró su propuesta de que el cambio sea por medio de “un mecanismo paulatino de la elección de personas juzgadoras” con elecciones cada tres años y que en todo momento se contemple la paridad de género.
En el foro también asistió la ministra Loretta Ortiz Ahlf quien consideró que con el Tribunal de Disciplina que plantea la reforma se va a poder sancionar a los juzgadores o integrantes del Poder Judicial que cometan algún ilícito o acto de corrupción.