EFE.- Activistas presentaron el quinto informe del "Observatorio de la Guardia Nacional y la militarización en México" donde se analizaron las políticas de seguridad y se anticipó un “fracaso garantizado” si la futura presidenta Claudia Sheinbaum sigue el camino del actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador.
"Si la presidenta electa decide continuar en los mismos términos la política pública de seguridad, el fracaso está garantizado", aseveró el senador independiente Emilio Álvarez Icaza quien fue invitado por la organización para participar en un acto que tuvo lugar en la Comisión Permanente del Senado.
En el evento, dirigido a evaluar el papel de la Guardia Nacional (GN), fuerza de seguridad creada por el gobierno en 2019, la presentación del informe corrió a cargo de la presidenta de la organización Causa Común, María Elena Morera.
"Hasta la llegada de López Obrador fue que se institucionalizó la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad y otras actividades de la vida civil en México", explicó Morera, quien aludió a la entrega a los militares de responsabilidades civiles como el control de infraestructuras públicas.
La activista denunció que la mayoría de efectivos de la GN son de transferencia militar. En 2022, el 71% de sus miembros provenían del Ejército, dato que, según relató, "no pudo ser actualizado para 2023" y es que según se aclaró, la información que el gobierno proporciona respecto a este cuerpo es limitada.
"Nos han informado que hasta abril de este año el número de elementos es de 132 mil 612; sin embargo, la información que dan suele ser incompleta e incoherente o engañosa", afirmó Morera.
En cuanto al peso de los militares en la vida pública mexicana, puso el ejemplo de que el presupuesto de las Fuerzas Armadas en 2024 supera en catorce veces al de 2020, las quince secretarías de seguridad pública estatales encabezadas por mandos militares; y los más de mil 200 cargos públicos ocupados actualmente por cargos castrenses.
En relación con los efectos de esta militarización, Morera subrayó que, en 2022, la Guardia Nacional realizó "únicamente 2 mil 814 detenciones en el país" con casi 130 mil integrantes.
"Entonces no hay una mayor eficacia, pero sí se incrementa el peligro de un mayor número de violaciones a los derechos", señaló la activista, quien apuntó a la falta de capacitaciones que tienen los militares para lidiar con asuntos civiles en comparación con las que se supone que deben tener los elementos policiales.
Acusaciones de opacidad y corrupción
Por su parte, el senador Álvarez Icaza criticó el poco control ciudadano y judicial que existe sobre la Guardia Nacional, algo que, en su opinión, puede provocar "opacidad y corrupción".
"Tenemos 5 mil denuncias de violaciones a los derechos humanos de las Fuerzas Armadas, incluida la Guardia Nacional", aseveró el político, quien aclaró que dichas denuncias provenían de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), organismo que consideró poco independiente del gobierno.
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Álvarez citó un informe de Amnistía Internacional, según el cual el 88% de las personas detenidas por la Secretaría de Marina (Semar) reportan abusos, número similar al que se denuncia sobre el Ejército.
"Este gobierno va a pasar a la historia como el gobierno con más homicidios violentos en la historia, más personas desaparecidas, más feminicidios y mayor número de periodistas y defensores asesinados", sentenció.
Entre las propuestas para revertir la situación, destacan la construcción de una corporación policial federal plenamente civil, fomentar el aumento de presupuestos policiales o diseñar un "plan de repliegue a las funciones propias de una fuerza armada".
La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quien tendrá una mayoría suficiente para reformas constitucionales, ya ha anunciado que fortalecerá la Guardia Nacional y que promoverá su consolidación como parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).