En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, el derecho penal se enfrenta a desafíos sin precedentes. A falta de una cifra oficial sobre los ciberdelitos en México, y después de haber consultado diversas fuentes sobre incidencia delictiva, estadísticas gubernamentales y de ONG’s, estimo que en los últimos cinco años se han cometido al menos 400 mil ciberdelitos (entre extorsiones, suplantaciones o robos de identidad, fraudes electrónicos en cuentas bancarias, por ejemplo).

Sin embargo, hay un aspecto que probablemente está escapando al espectro de la legalidad. Me refiero, al de la cibercriminalidad, potenciada por el uso de algoritmos y Big Data, el cual está cambiando la forma en que debe entenderse el crimen y la justicia. ¿Está preparado el derecho penal mexicano para enfrentar estas nuevas amenazas? La verdad es que considero que muy poco (basta repasar los delitos que en este ámbito existen en México), y esta pregunta es clave en la discusión sobre cómo la inteligencia artificial y las grandes cantidades de datos pueden transformar el panorama legal.

En principio debemos señalar que la cibercriminalidad no es sólo una evolución de los delitos tradicionales; es una categoría completamente nueva que incluye desde ataques cibernéticos hasta la manipulación de datos. Estos delitos son cometidos en un espacio digital que no respeta fronteras físicas, lo que complica enormemente la aplicación de las leyes tradicionales. Por ejemplo, los conceptos de territorialidad y acción física, que han sido pilares del derecho penal durante siglos, se ven desafiados por la capacidad de los delincuentes para operar desde cualquier lugar del mundo con total anonimato.

Por otra parte, uno de los aspectos más preocupantes es el uso de inteligencia artificial y algoritmos en la comisión de delitos. Estas tecnologías no sólo están siendo explotadas por delincuentes, sino que también están siendo utilizadas por las fuerzas del orden para prevenir y combatir el crimen. Sin embargo, este doble uso plantea cuestiones éticas y legales profundas. Por un lado, los algoritmos pueden prever comportamientos delictivos y ayudar a prevenir crímenes antes de que ocurran. Por otro, existe el peligro de que esta capacidad predictiva se utilice para vigilar y controlar a las personas, juzgándolas no por lo que han hecho, sino por lo que podrían hacer en el futuro.

En otro aspecto, la posibilidad de que la inteligencia artificial se utilice para perfilar y vigilar a los ciudadanos es un tema que debería preocuparnos a todos. Si bien la tecnología puede ser una herramienta poderosa en la lucha contra el crimen, su uso sin la debida supervisión podría llevar a la creación de un estado de vigilancia masiva. La presunción de inocencia, un principio fundamental del derecho penal, podría verse erosionada si las personas son consideradas culpables basándose en predicciones algorítmicas en lugar de en pruebas concretas.

Ante lo dicho, los desafíos no terminan ahí. El derecho penal enfrenta una serie de problemas normativos cuando se trata de cibercriminalidad. Las leyes existentes, diseñadas para delitos tradicionales, a menudo no se adaptan bien a los delitos digitales. Por ejemplo, ¿cómo se determina el lugar del delito cuando este se comete en el ciberespacio? La desterritorialización de los crímenes digitales complica la imputación de responsabilidades, especialmente cuando los delincuentes operan desde jurisdicciones donde sus acciones no son ilegales.

Además, el anonimato que proporciona Internet hace que sea extremadamente difícil rastrear a los ciberdelincuentes y llevarlos ante la justicia. La cooperación internacional es crucial, pero aún falta un marco legal global que permita a los países trabajar juntos de manera efectiva para combatir la cibercriminalidad. Sin un enfoque coordinado, los ciberdelincuentes seguirán explotando las lagunas legales y operando con impunidad.

Ahora bien, uno de los aspectos más complejos es la cuestión de la responsabilidad penal en el contexto de la inteligencia artificial. Los algoritmos pueden aprender y tomar decisiones de manera autónoma, lo que plantea la pregunta de quién es responsable cuando una IA comete un delito o facilita la comisión de uno. La relación causal entre la conducta delictiva y el resultado se vuelve borrosa cuando intervienen tecnologías autónomas. ¿Debería ser el programador responsable? ¿O quizás el usuario que implementa la tecnología? ¿Y qué pasa con la propia IA? Estas son preguntas que el derecho penal aún no ha respondido de manera concluyente.

Así puesto, es evidente que el derecho penal necesita evolucionar para poder abordar de manera efectiva la cibercriminalidad. Pero esta evolución debe hacerse con cuidado. El desarrollo de nuevas leyes y normas debe equilibrar la necesidad de seguridad con la protección de los derechos fundamentales. No podemos permitir que, en nombre de la lucha contra la cibercriminalidad, se socaven los principios básicos de justicia y equidad.

Probablemente, es tiempo de pensar que en lugar de intentar encajar los nuevos delitos digitales en las viejas categorías legales, tal vez es necesario desarrollar un nuevo marco que refleje las particularidades de la era digital. Este nuevo paradigma debe ser lo suficientemente flexible como para adaptarse a las rápidas innovaciones tecnológicas, pero también lo suficientemente sólido como para proteger los derechos individuales.

No debemos perder de vista que la cibercriminalidad y el uso de inteligencia artificial en el ámbito legal no son cuestiones del futuro; son desafíos que ya están aquí y que requieren una respuesta inmediata y bien considerada. No se trata solo de un problema técnico, sino de un desafío legal, ético y social que afecta a todos los aspectos de nuestras vidas.

En resumen, la intersección entre tecnología y derecho penal es un área que requiere una atención urgente y cuidadosa. El futuro del derecho penal dependerá de nuestra capacidad para adaptarnos a las nuevas realidades tecnológicas sin sacrificar los principios de justicia que son fundamentales para cualquier sociedad democrática. La cibercriminalidad y el uso de Big Data y algoritmos en el ámbito penal son temas que todos debemos seguir de cerca, ya que tendrán un impacto profundo en cómo se define y se imparte la justicia en los años venideros.

Este es un tema que afecta a juristas, legisladores, tecnólogos y, en última instancia, a todos los ciudadanos. La manera en que abordemos estos desafíos definirá el equilibrio entre seguridad y libertad en nuestra sociedad digital. La evolución del derecho penal en la era de la inteligencia artificial es, sin duda, uno de los retos más grandes y emocionantes de nuestro tiempo.

Así, en espera que te sea útil esta información, nos leemos la próxima semana. Mientras tanto, te espero en X, antes Twitter como @enrique_pons.