Diputados discutirán este martes cambios a la constitución para considerar la defraudación fiscal y el contrabando dentro del catálogo constitucional de conductas que ameritan prisión preventiva oficiosa y garantizar una mejor recaudación.
En caso de que se apruebe el dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales, se incluirán los delitos de extorsión, narcomenudeo, fabricación, comercialización, transportación, importación y exportación de drogas sintéticas.
Además de la defraudación fiscal, el contrabando y comercialización de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes o falsas.
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La reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, enviada a la Cámara de Diputados el pasado 5 de febrero, reformará el artículo 19 de la Constitución.
En su justificación, la iniciativa destaca que el texto constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa, no prevé las conductas delictivas que han tenido mayor incidencia en los últimos 10 años.
“Esto ha mermado la debida administración e impartición de justicia penal federal como el delito de extorsión”, resalta el proyecto.
De acuerdo con información de los ejercicios fiscales de 2017, 2018 y 2019, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó que los esquemas de facturación falsa involucran a personas físicas, como a morales, con un daño que asciende a más de 338 mil millones de pesos.
“En el mes de diciembre de 2023 se identificaron alrededor de 10 mil 790 sujetos que incurrieron en esquemas de defraudación fiscal”, apunta el texto que se será sometido hoy a votación en la Comisión de Puntos constitucionales.