Human Rights Watch hizo un llamado urgente al Estado de México para que siga el ejemplo de los 16 estados que han despenalizado el aborto, ante la falta de garantía al acceso a servicios de aborto en la entidad.
Las autoridades y proveedores de salud del estado no garantizan el acceso al aborto, incluso en los supuestos comprendidos bajo la legislación local, lo que atenta contra los derechos reproductivos de la mujer, reveló el informe titulado “Navegando obstáculos: acceso al aborto en el Estado de México” publicado este martes.
A pesar de que el aborto fue reconocido como derecho constitucional, el Estado de México sigue criminalizándolo, y solamente se permite en casos de violación, riesgo para la vida de la mujer, alteraciones congénitas del feto, o cuando el aborto es resultado de una acción culposa.
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En caso de que una persona realice un aborto sin el consentimiento de la mujer embarazada puede pasar entre tres a ocho años de prisión; entre uno a cinco años con el consentimiento de la mujer y entre uno a tres años para las mujeres que den su consentimiento, de acuerdo con la legislación.
En el informe de 44 páginas, se detalló que incluso cuando el aborto es legal, las mujeres enfrentan numerosos impedimentos para acceder a este servicio.
Algunos de los obstáculos incluyen la negativa o postergación del servicio por parte de los proveedores de salud, falta de información y cuestionamientos hacia las mujeres que buscan abortar.
Ante la falta de acceso al aborto, muchas personas viajan a la Ciudad de México, donde el procedimiento está disponible hasta las 12 semanas, lo que vulnera los derechos de las personas que viven en condiciones de pobreza, con discapacidad, a adolescentes y otras personas que no pueden trasladarse a la capital.
El informe también puntualizó que la disparidad al acceso a abortar puede “suponer una carga significativa para los servicios de salud de la Ciudad de México”.
Los prejuicios de género, estereotipos, requisitos arbitrarios y el temor a la criminalización afectan el acceso al aborto en la entidad, cita el documento.
“Personal de salud del Estado de México dijo a Human Rights Watch que existe un fuerte estigma asociado con el aborto, basado en la idea de que las mujeres, una vez embarazadas, tienen la obligación de convertirse en madres”, detalló el informe.
Incluso, los proveedores de salud revelaron que han observado maltrato a las mujeres que intentan acceder al procedimiento.
Adicionalmente, Human Rights Watch reveló que las niñas del Estado de México se enfrentan a retos adicionales como la autorización parental para adolescentes menores de 18 años, cuando la NOM 046 establece que las adolescentes mayores de 12 años no requieren autorización parental.
Por su parte, las personas con discapacidad enfrentan obstáculos adicionales debido a la interdicción, que puede impedirles tomar decisiones sobre su salud reproductiva, destacó el informe.
En ese sentido, las instituciones de salud deben intensificar sus esfuerzos para asegurar que todas las personas tengan acceso al aborto en la entidad sin ningún tipo de restricciones, exige la organización.