Con 22 votos a favor de Morena y aliados, 16 en contra del PAN y PRI y cero abstenciones, diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales aprobaron en lo particular el dictamen que extingue a siete organismos autónomos.

El proyecto fue turnado a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, que a su vez lo turnará al pleno a partir del 1 de septiembre, mes en el que inicia la próxima legislatura.

De acuerdo con el proyecto, se extingue el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), cuyas funciones serán absorbidas por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Otros organismos como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Comisión Reguladora de Energía (CRE), Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) también serán anexados a distintas dependencias.

Durante la discusión en lo particular, Marcos Rosendo Medina Filigrana, diputado de Morena presentó “una reserva madre” para “perfeccionar el dictamen”, y corregir su redacción porque considera instituciones que no han sido creadas.

Propuso que “corresponde al Ejecutivo federal, a través de la dependencia encargada de elaborar y conducir las políticas de telecomunicación y radiodifusión, el otorgamiento, la revocación, así como la autorización de sesiones o cambio de control accionario o titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicación”.

“En el mismo artículo 28 constitucional, proponemos un párrafo extenso donde señale lo que podría ser todo un procedimiento para poder defenderse de posibles excesos u omisiones de la autoridad a través del juicio de amparo”, añadió Medina Filigrana.

El morenista planteó que el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá competencia para conocer los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales a cargo de los partidos políticos.

“El dictamen habla del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, como se había considerado que se llamara el nuevo órgano electoral en la reforma, pero no avanzó”, explicó.

Medina Filigrana propuso incorporar en el artículo sexto constitucional “la información relacionada con los datos personales en posesión de particulares, la ley a la que se refiere el artículo 90 de esta Constitución determinará la competencia para conocer de los procedimientos relativos a su protección, verificación e imposición de sanciones”.

Planteó también que se reincorpore la fracción octava del sexto constitucional “a como en este momento se encuentra el texto vigente”.

“Y la reserva que estamos presentando dice: el Poder Ejecutivo federal, por conducto de la dependencia encargada de conducir y supervisar la política energética del país, contará con atribuciones para llevar a cabo la regulación técnica y económica”, indicó.

En cuanto a la radiodifusión, proponemos que se añada un párrafo para que haya claridad en que “el Ejecutivo federal a través de la dependencia encargada de elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión, garantizará el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones conforme a lo dispuesto en esta Constitución”.

“La reserva que presentamos propone que el Ejecutivo federal, a través de la dependencia encargada de elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión, será la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones”, explicó.