La Asociación Internacional de Jueces (AIJ) con sede en Roma se pronunció este martes sobre la reforma al Poder Judicial en México que podría aprobarse en la Legislatura que se instalará el 1 de septiembre, con la cual se busca que los jueces y magistrados sean elegidos a través del voto popular en 2025, por lo que tendrían que separarse de su cargo miles de jueces para participar en el proceso.
En representación de 92 asociaciones de jueces, la AIJ aseguró que el método de elección propuesto en la iniciativa presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador dentro del paquete de reformas denominado Plan C en febrero de este año, va en contra de los principios en los que se establece a nivel internacional que los "jueces deben ser nombrados sobre la base del mérito y criterios objetivos respecto de sus competencias profesionales".
La asociación aseguró que un juez "sólo puede ser cesado como resultado de un proceso disciplinario o en el procedimiento cuando el juez se considere incapaz de desempeñar su cargo".
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Pidieron al gobierno del presidente López Obrador reconsiderar la reforma al Poder Judicial incluida en el Plan C para que se mantenga coherente con los principios de derecho universalmente establecidos.
Con la finalidad de "preservar el derecho de los ciudadanos a acceder a tribunales independientes y a disfrutar de libertades que sólo pueden ser protegidas por jueces independientes y libres de influencias externas, presiones y miedos".
Cabe recordar que, este lunes pasado más mil 100 jueces y magistrados solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ejerza sus atribuciones para la defensa de los derechos humanos de los mexicanos ante la reforma judicial, que calificaron como golpe de Estado.
Indicaron que la sociedad mexicana se encuentra bajo asedio con el proyecto de dictamen de la llamada reforma judicial, "la cual implica un grave detrimento de la democracia representativa".
Como parte del rechazo a la iniciativa impulsada también por Morena en el Congreso, el pasado 19 de agosto miles de trabajadores del sistema judicial se fueron a un paro nacional indefinido exigiendo que abra el diálogo sin simulaciones.