La Cámara de Comercio de Estados Unidos expresó su preocupación por las reformas constitucionales propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador que afectan al Poder Judicial y a los organismos autónomos.
Neil Herrington, vicepresidente senior para las Américas de la organización, indicó que, a pesar del amplio consenso general sobre la necesidad de fortalecer el sistema judicial mexicano, hay preocupación por las consecuencias que pueden traer estas reformas.
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“Creemos firmemente que ciertas reformas constitucionales propuestas por el gobierno mexicano —en particular, la reforma judicial y la propuesta de eliminación de los órganos autónomos y entes reguladores—, podrían socavar el Estado de derecho y las garantías de protección a las operaciones comerciales en México”, advirtió.
Destacó que la comunidad empresarial de Estados Unidos es uno de los grupos de interés clave en el proceso de la reforma, por su extenso compromiso con el desarrollo y la prosperidad de México.
“Las empresas estadounidenses representan la mayor fuente de inversión extranjera directa en México y proveen de buenos empleos a millones de mexicanos”, subrayó el líder comercial.
Puntualizó que estas empresas dependen de un “Estado de derecho robusto como base fundamental”, no sólo en México y Estados Unidos, sino en cualquier parte del mundo, para crear un clima de inversión dinámico, sostenible y propicio para la generación de empleos.
En su mensaje, resaltó que esto incluye el nivel mínimo de trato estipulado en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y enfatizó que las reformas “ponen en peligro las obligaciones contraídas por México en otros tratados internacionales, tales como las que otorgan el pleno derecho a un sistema judicial competente, independiente e imparcial”.
La Cámara de Comercio consideró necesario ampliar el periodo de deliberación para abordar estas preocupaciones “a fin de evitar poner en riesgo la capacidad del gobierno mexicano entrante para generar prosperidad compartida y aprovechar el potencial del 'nearshoring' y fortalecer el crecimiento económico y el desarrollo del país”.
Hizo un llamado al gobierno mexicano para que continúe el diálogo con el sector privado, académicos y expertos legales antes de que el nuevo Congreso vote las reformas en septiembre.
“Este diálogo es esencial para asegurar que las reformas propuestas contribuyan al fortalecimiento del Estado de derecho y a las condiciones necesarias para el crecimiento económico de México”, subrayó Herrington.
La organización reiteró que han trabajado de manera constructiva con todas las administraciones de México y confían en que hacer lo mismo en este proceso “para ayudar a garantizar que las reformas propuestas fortalezcan el clima de inversión de México, cumplan con las obligaciones internacionales del país y apoyen el crecimiento y la prosperidad del pueblo mexicano".