La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió de posibles impactos en la independencia judicial, el acceso a la justicia y el Estado de derecho frente a la aprobación de la reforma judicial en México, que prevé promulgar el presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo 15 de septiembre.

El organismo internacional hizo un llamado al Estado mexicano para que garantice que la reforma cumpla con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los estándares interamericanos sobre la independencia judicial y acceso a la justicia.

Además, planteó que la modificación constitucional responda a las necesidades de justicia expedita y efectiva para la población, sin discriminación.

También consideró las protestas que mantienen trabajadores del Poder Judicial de la Federación, así como jueces, magistrados y estudiantes de derecho, por lo que exhortó a garantizar instancias de diálogo real, que asegure la participación de todos los sectores involucrados.

La CIDH, órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que promueve la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región, indicó en un comunicado que ha dado seguimiento cercano al proceso legislativo de la reforma judicial.

Reconoció la importancia de fortalecer el sistema judicial en México, pero señaló que ha recibido “cuantiosa información de parte de organizaciones de la sociedad civil, personas expertas y operadoras de justicia sobre las posibles afectaciones que derivarían de esta reforma constitucional frente a las obligaciones internacionales de México en materia de independencia judicial, acceso a la justicia y vigencia del Estado de derecho”.

Indicó que se llamó la atención de la CIDH respecto a “lo precipitado de las profundas modificaciones podría tener consecuencias negativas para las garantías de idoneidad y acceso meritocrático a la carrera judicial”.

“La Comisión Interamericana comparte que persisten desafíos en el acceso a la justicia en México que se traducen en altos niveles de impunidad y corrupción, tal como lo ha resaltado en los informes anuales de los últimos lustros. Sin embargo, una reforma constitucional de esta envergadura debe conducirse en el marco de un diálogo amplio, debidamente informado y participativo”, expresó.

Indicó que “una reforma comprehensiva del sistema judicial debería abarcar a otras instituciones encargadas de la impartición de justicia”, como la Fiscalía General de la República, las fiscalías estatales y las defensorías públicas.

Puntualizó que la reforma constitucional incluye “medidas de preservación de la identidad de personas juzgadoras en casos relacionados con delincuencia organizada, denominado por el sistema interamericano como ‘jueces sin rostro’, cuyo uso ha sido declarado contrario a la Convención Americana por los órganos del sistema interamericano”.

Además, la CIDH ha recogido la inquietud por el proceso para la integración del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial “que podría comprometer su independencia, así como sobre la falta de garantías del debido proceso en el régimen disciplinario”.

Al referirse a las protestas contra la reforma a judicial, la CIDH “observa que la celeridad en su tramitación está impidiendo considerar efectivamente las críticas de un sector de la ciudadanía”, además de que manifestó preocupación por las “descalificaciones públicas contra personas juzgadoras con motivo de sus opiniones por parte de las autoridades que están impulsando la reforma”.