La negativa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México de dar entrada a un recurso de queja interpuesto por periodistas de Latinus ante las constantes descalificaciones y ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador, sólo es observable en países como Venezuela y Bolivia, acusó Catalina Botero, exrelatora de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“La Comisión Nacional de Derechos Humanos en México cita todos los estándares internacionales o los más relevantes, y cita decisiones de la Suprema Corte de Justicia, pero los cita completamente invertidos, cambia completamente el sentido de todo lo que ha dicho el derecho internacional de los derechos humanos e incluso las decisiones de la propia Corte de México”.

En entrevista Botero explicó que el sistema interamericano de derechos humanos protege la libertad de expresión de los periodistas para que puedan hacer sus investigaciones e inhibe a los funcionarios públicos de estigmatizar, criminalizar, hostigar o revelar su información privada.

Manifestó que todos esos estándares han sido construidos precisamente para defender a las personas que trabajan en los medios de comunicación de los ataques de los gobiernos.

La exrelatora de los derechos humanos señaló que las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diversos casos de ataques a periodistas puntualizan que los políticos deben tener un nivel de tolerancia mayor ante los cuestionamientos.

“Por supuesto pueden contestar, por supuesto pueden responder si consideran que hay un reportaje que es injusto, pero lo tienen que hacer con prudencia, no lo pueden hacer estigmatizando a los medios o a los periodistas, no lo pueden hacer criminalizando a los medios o a los periodistas, no lo pueden hacer hostigando a los medios o a los periodistas y por supuesto no lo pueden hacer revelando información privada que el Estado tiene como parte de sus funciones, como por ejemplo la declaración tributaria”, situación en la que ha caído López Obrador al revelar información privada de periodistas, como sus ingresos.

Es así que la exrelatora de la Comisión Interamericana y actual integrante de la Comisión Internacional de Juristas condenó la resolución de la CNDH al indicar que protege a los políticos y deja en la indefensión a los periodistas.

Lo que dice la Comisión de Derechos Humanos de México es completamente exótico. Eso yo solamente lo he leído en decisiones de países de la región en las cuales los jueces están totalmente cooptados por el poder político”, indicó.

“En Venezuela, en Bolivia, los jueces han dicho cosas similares, es decir, han invertido todo el derecho internacional de los derechos humanos para proteger a los políticos respecto de los periodistas, y para permitirle a los políticos que excedan sus facultades y para no ejercer las funciones que tienen para proteger los derechos fundamentales y sobre todo la libertad de expresión de las y los periodistas”.

Manifestó que si un presidente considera que un periodista cometió un delito debe interponer una denuncia, pero no puede acusarlo de ese ilícito porque no tiene atribuciones constitucionales para adjudicarlo.

“Tiene que ser cauteloso, porque cuando juran cumplir la Constitución y las leyes de sus países juran respetar y proteger los derechos humanos de todas las personas, incluyendo las personas que hacen investigaciones contra sus gobiernos o contra la manera como ejercen el poder público, y por eso es que deben tener mayor escrutinio”.

Consideró que la resolución de la CNDH sobre el recurso de Latinus está llena de “imprecisiones” y consideraciones que son “escandalosas” desde el punto de vista del derecho a la libertad de expresión.

“Por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos descalifica el trabajo periodístico sin ninguna prueba, simplemente lo descalifica de entrada. La Comisión Nacional de Derechos Humanos dice que no es competente para estudiar la violación al derecho a la privacidad cuando esa violación ha sido hecha para castigar a un periodista por hacer investigaciones o para inhibir que puedan hacer esas investigaciones”, lamentó.

“El uso de ese tipo de mecanismos, como por ejemplo el discurso público que crea imaginarios, que aumenta el nivel de riesgo para los periodistas en un país en el cual han asesinado a más de 40 periodistas en lo que ha corrido del sexenio, no estamos hablando de un país en el que la libertad de expresión está protegida, estamos hablando de un país en el que la libertad de expresión está altamente amenazada, en esos casos la tarea de los gobernantes es crear un ambiente para que la gente pueda sentirse tranquila haciendo investigaciones o dando opiniones, incluso opiniones que molesten o perturben al poder”.

Catalina Botero expuso que el único mecanismo que tienen en este momento las y los periodistas en México para protegerse de los ataques sistemáticos del poder público, cuando estos se presenten en cualquier orden, federal o estatal, son los jueces.

Pero advierte que los impartidores de justicia no deben estar capturados por el poder público.

“La garantía más importante de la libertad de expresión en las sociedades democráticas es la autonomía y la independencia del poder judicial, porque la libertad de expresión suele proteger a la gente que dice lo que el poder no quiere oír”.

“Entonces, cuando el poder no quiere oírlo tiende a utilizar todas sus facultades para sofocar la crítica, para sofocar las investigaciones de corrupción, para castigar a quienes han hecho esas investigaciones o quienes opinan, digamos, negativamente sobre la gestión del gobierno y ahí están los jueces, como una barrera para proteger la libertad de expresión, no importa si quien está en el gobierno es de derecha o de izquierda, da igual, esto no es un problema ideológico, esta es una característica de la democracia”.