Los expresidentes nacionales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) llamaron a Alejandro Moreno a abandonar la presidencia nacional de ese instituto político y además a “restituir los derechos de las personas expulsadas ilegalmente” del partido.

Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) invalidara los estatutos priistas de la asamblea nacional del 7 de julio, con los que, entre otras cosas, le permitía a Moreno reelegirse “hasta por tres periodos consecutivos”, según consta en el artículo 178 de los nuevos documentos internos de ese partido, los expresidentes llamaron a regresar al partido a como se encontraba su dirección antes del 7 de julio.

Dulce María Sauri Riancho, expresidenta del PRI, aseguró que “siguen vigentes los estatutos antes de la 24 Asamblea Nacional priista, particularmente el artículo que impide la reelección de la dirigencia nacional”. 

En entrevista, la dirigente aseguró que ahora está en manos de Graciela Ortiz González, convocar a los consejeros nacionales, toda vez que ella, antes de la modificación a los estatutos, fungía como secretaria de Organización y luego se convirtió en la presidenta interina del PRI.

“La decisión del INE recupera la legalidad de la vida interna del PRI. La Asamblea Nacional, que fue convocada al día siguiente de la jornada electoral del 2 de junio, se hizo en abierto desafío a la disposición que prohíbe a los partidos políticos hacer cambios en sus documentos básicos durante el proceso electoral”, explicó.

La postura de los expresidentes quedó de manifiesto en un comunicado conjunto firmado por Dulce María Sauri, Pedro Joaquín Codwell, Enrique Ochoa Reza, Manlio Fabio Beltrones, Aurelio Nuño, Fernando Galindo, Fernando Zendejas y los integrantes del Frente Amplio de Renovación por México, con la participación de Natividad González Paras, Fernando Lerdo de Tejada, José Encarnación Alfaro y Reyes Baeza, en el que subrayaron la importancia de la resolución del INE, ya que de esta manera “se frustra el intento de Moreno por secuestrar al PRI y se evitará que se eternice en la dirigencia nacional”.

“Al anularse la reelección ilegal”, advierten los priistas, se debe convocar a una dirigencia provisional, misma que deberá ser elegida por el Consejo Político Nacional vigente previa al desarrollo “de la Asamblea Nacional ilegal”.

“Es decir, todos los miembros del Partido que fueron excluidos de los Consejos Políticos Nacionales o Estatales deben ser reincorporados. Así mismo, se deben restituir los derechos de las personas expulsadas ilegalmente por el senador Alejandro Moreno”, explicó Sauri.

Alejandro Moreno, asegura, tiene el derecho de acudir al Tribunal Electoral como un militante más del partido, dado que en materia electoral no existen efectos suspensivos. 

Dulce María Sauri concluyó que ahora está en manos del Tribunal resolver si se recompone o no la vida interna del partido, y también solicitar a la comisión de justicia partidaria dar trámite a la impugnación que presentaron los priistas hace un par de meses.

De acuerdo a los estatutos aprobados en julio pasado, Alejandro Moreno podría estar en el cargo hasta 2032; su administración comenzó en 2019, y dentro de sus primeras acciones fue amenazar con expulsar a los expresidentes del PRI a quienes acuso de: “Cínicos, de lacayos, esquiroles al servicio del gobierno y de sus intereses, que quieren romper la unidad a cambio de impunidad”.