Organizaciones civiles presentaron una solicitud de juicio político en contra de todos los diputados y senadores que aprobaron el dictamen de la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación.
El abogado Alejandro Valenzuela acudió a la sala de prensa del recinto legislativo de San Lázaro para informar que la solicitud “es por la violación a las suspensiones de amparo que fueron otorgadas por jueces de distrito de Chiapas y Morelos”.
Te podría interesar
“Como parte de las pruebas presentadas, se anexaron las suspensiones otorgadas por estos juzgadores en caso de que se argumentara que la Cámara de Diputados no recibió los oficios que le notificaban de estas”, detalló luego de presentar la denuncia en la secretaría general de la Cámara Baja.
El abogado Valenzuela dijo que “espera que se proceda conforme a la ley general, es decir, ahorita radicaron estas denuncias de juicio político, se debe de formar la subcomisión de examen previo y los diputados que estén denunciados, la misma ley señala que están impedidos de participar”.
“Solamente hubo cinco diputados de Morena que no participaron en la discusión y aprobación, por lo que yo entendería que son los únicos que pueden participar en la subcomisión de examen previo”, resaltó.
A su consideración, hay un conflicto de interés, “porque la ley determina que se deben de referir las excusas e impedimentos de los legisladores conforme a lo que dice la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación”.
“Claramente, establece que cuando un denunciado forma parte del asunto, en este caso los diputados a quienes se les solicita juicio político, no pueden ser juez y parte ni en la subcomisión de examen previo ni en el pleno donde se resuelva”, recordó.
Abrió la posibilidad de que los legisladores denunciados, estén impedidos de participar en la sesión del pleno en caso de que “se discuta y vote el dictamen de juicio político en su contra”.
La madrugada del 11 de septiembre, Morena y aliados en el Senado aprobaron en lo general y lo particular la minuta de la reforma judicial, luego de ser avalada por la Cámara de Diputados; posteriormente, 23 congresos locales con mayoría de la 4T, con excepción de Durango, votaron a favor del proyecto.