Mientras la reforma judicial fue tajante en prohibir que los candidatos a jueces, magistrados y ministros reciban financiamiento público o privado para sus campañas, el Instituto Nacional Electoral (INE) prevé permitir que los aspirantes puedan tener ciertos gastos propios para sufragar su proselitismo.
A la espera de que el Congreso de la Unión emita las leyes secundarias de la reforma judicial, la Comisión de Fiscalización del INE ya trabaja en los lineamientos para las campañas inéditas que se llevarán a cabo del 30 de marzo al 28 de mayo del 2025 para los cargos de ministros, magistrados electorales, jueces y magistrados de circuito.
La Comisión plantea que la revisión a los gastos de campaña sea verificable a través de las cuentas bancarias de los propios candidatos.
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Con la reforma judicial aprobada por Morena en el Congreso de la Unión, en el artículo 96 de la Constitución se estableció que “para todos los cargos de elección dentro del Poder Judicial de la Federación estará prohibido el financiamiento público o privado de sus campañas, así como la contratación por sí o por interpósita persona de espacios en radio y televisión o de cualquier otro medio de comunicación para promocionar candidatas y candidatos”.
De acuerdo con información obtenida por Latinus, la Comisión de Fiscalización considera que prohibir el financiamiento total a los próximos candidatos a juzgadores implicaría que no puedan hacer campaña, por lo que plantea que puedan sufragar con sus propios ingresos ciertos gastos como hospedaje, vuelos, gasolina y para contratación de determinada propaganda. Sin embargo, se evalúa fijar un tope de gastos.
Plantea que a diferencia de los candidatos ordinarios, los aspirantes a juzgadores no podrán recibir donaciones en efectivo o en especie.
Podrán hacer recorridos, asistir como invitados a eventos; y se les autorizarán montos específicos para producción de spots, ya que sí tendrán derecho a los tiempos del Estado en radio y televisión para promocionarse.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, dijo que aquellos candidatos que así lo soliciten en su momento, podrán recibir protección federal en caso de existir algún riesgo para su integridad.
El órgano electoral nacional ya inició el proceso de organización de este proceso inédito de elección de jueces, ministros y magistrados, aunque no cuenta con presupuesto este año, ni con leyes secundarias que le permitan fijar reglas a los participantes en la próxima contienda del 1 de junio del 2025.