Alrededor de 200 trabajadores del Poder Judicial de la Federación se manifestaron frente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para exigir a su presidenta, María del Rosario Piedra Ibarra, interponer una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma judicial porque “es notorio que existen varias deficiencias, y varias violaciones en el proceso legislativo”.

Los inconformes entregaron un documento a la CNDH en el que expusieron los motivos a la presidenta del órgano, por los que debe llevar “a cabo las acciones legales que tenga a su alcance para defender el Estado de derecho de este país”.

“La transgresión al Estado de derecho que han realizado los poderes tanto el Ejecutivo federal, como las legislaturas federales Cámara de Diputados y Senadores, al someter con la modificación de diversos artículos constitucionales, al Poder Judicial Federal, se reitera que los vicios procedimentales, pueden ser combatidos por usted ombudsperson de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; al promover ya sea la acción de inconstitucional o bien la controversia constitucional”, sostiene el documento.

También fundamentan que “la pretensión toral de este escrito es que, se atiendan las observaciones de la relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, adscrito a México y gestione tanto los instrumentos legales nacionales, como los mecanismos internacionales que sean necesarios y que estén a su alcance a fin de salvaguardar en México el Estado de derecho, la independencia judicial y la división de poderes”.

Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores del Poder Judicial, informó que el documento fue recibido y sólo falta que la CNDH haga su trabajo.

“Nos lo recibieron y sellaron el acuse de recibo, se les dejó también una copia del escrito presentado ante la ONU, con la finalidad de que la propia ONU requiera a la propia comisión de los derechos humanos nacional que cumpla con su deber constitucional”, indicó.

Por su parte, Carlos Ávila, secretario de juzgado, advirtió a Rosario Piedra Ibarra que “su omisión constituye un ilícito que se da debidamente denunciado”.

Así mismo, acusó a los representantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de denostar y restar autoridad “a las resoluciones judiciales que se han dictado y que les ordenan de tener la implementación de esta regresiva reforma judicial”

“Hoy exigimos que esta condición que se dice defensora del pueblo de la cara por las y los mexicanos que estamos aquí como integrantes de la carrera judicial que también somos pueblo, porque por nuestros méritos hemos logrado dar prestigio a este Poder Judicial de la federación”, arengó el servidor público.