De último momento, el pleno del Senado de la República adelantó la discusión y aprobación de la reforma propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum a la ley aduanera, y ya se discute en estos momentos.
El dictamen fue aprobado esta mañana en comisiones y presentado en primera lectura al pleno.
Inicialmente, estaba previsto que se discutiera el miércoles, pero de último momento, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, dio por concluida la sesión matutina y convocó de inmediato a una nueva sesión a las 17:50 horas de este martes para discutir las reformas a la Ley Aduanera.
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El presidente de la Comisión de Hacienda, Miguel Ángel Yunes Márquez, anunció que se presentará una reserva, con el aval de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que las reformas entren en vigor a partir del 1 de enero del 2026. Por este motivo, se prevé que la minuta sea devuelta a la Cámara de Diputados.
Senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano han expresado su desacuerdo con este dictamen, al considerar que no generar certidumbre jurídica en el comercio exterior y podría provocar un freno en la atracción de Inversión Extranjera Directa.
El dictamen establece un régimen de aumento a las sanciones a agentes aduaneros y empresas, incluso con embargo precautorio, cuando se detecte el incumplimiento de las normas oficiales mexicanas de información comercial, y cuando las mercancías importadas temporalmente no se dirijan a los domicilios que se hayan registrado o declarado, o bien, estas no se localicen en los mismos.
La patente de agente aduanal, así como la autorización de la agencia aduanal, tendrán una vigencia de 20 años, ya no de forma permanente, la cual podrá ser prorrogable por un plazo igual.
Se establecen niveles necesarios de actualización y formación continua para realizar el despacho aduanero y asegurar a las personas a las que les presten sus servicios que pueden contar con un agente aduanal confiable y competente.
Plantea incorporar nuevas causales de suspensión a agentes aduanales en el ejercicio de sus funciones, como estar sujeto a investigación penal, vinculado a proceso por delitos fiscales o por otros delitos cuya pena exceda los cinco años de prisión, estar privado de la libertad por procedimientos penales que impliquen sanción corporal, o haber sido condenado mediante sentencia firme por delitos fiscales o cualquier otro que conlleve pena corporal.