Ninguno de los cinco estados más golpeados por las lluvias torrenciales de la última semana —Veracruz, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí e Hidalgo— cuenta con una póliza de seguro contra desastres naturales que garantice recursos para atender la emergencia que ha dejado decenas de muertos y desaparecidos, miles de damnificados, más de 100 mil viviendas afectadas y severos daños en infraestructura urbana.
En Veracruz, la gobernadora Rocío Nahle decidió no renovar la póliza catastrófica estatal, vigente hasta mayo pasado, y en su lugar decretó la creación de una aseguradora pública sin registro, capital, oficinas ni estructura operativa. Puebla eliminó su cobertura desde 2021, durante el gobierno de Miguel Barbosa.
En Querétaro, el panista Mauricio Kuri reconoció abiertamente que el presupuesto disponible para reparar la infraestructura dañada resulta insuficiente, por lo que dependerán del apoyo federal y municipal.
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San Luis Potosí y Hidalgo siguieron caminos distintos pero con resultados similares. Ricardo Gallardo sustituyó los seguros por un programa con apenas 36 millones de pesos combinados, mientras que Julio Menchaca en Hidalgo canceló la póliza estatal para crear un fideicomiso de 270 millones.
En conjunto, las decisiones de estos gobiernos evidencian la vulnerabilidad financiera con la que México enfrenta los desastres naturales.
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