La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró que las personas sentenciadas a penas privativas de la libertad no pueden beneficiarse con una reducción de los años de prisión argumentando que tienen derecho a la reinserción social.
Esto, luego de que los ministros aprobaron por unanimidad un proyecto presentado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf para otorgar el amparo a la familia de una víctima de feminicidio.
El sentenciado impugnó la resolución judicial que le impuso 50 años de prisión por el feminicidio de una maestra, hecho ocurrido en septiembre de 2020.
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Su defensa argumentó que, al momento de que ocurrieron los hecho, el agresor tenía 18 años e imponerle la pena máxima de 50 años de cárcel violaba su derecho a la reinserción social.
Tanto un juzgado de Distrito como un Tribunal Colegiado ampararon al quejoso, señalando que se debe respetar el derecho del sentenciado a reinsertarse socialmente.
Al respecto, las ministras Lenia Batres y María Estela Ríos se pronunciaron en contra de que los juzgadores realicen una ponderación de derechos al momento de emitir sus resoluciones. Batres Guadarrama incluso llamó "operaciones que ni siquiera son lógicas" a dicha metodología.
"Debemos evitar en lo posible hacer esa ponderación de supuestos derechos porque puede llegar, como lo hicieron los juzgadores, a conclusiones equivocadas y violatorias de derechos", dijo Ríos González al sumarse a lo expresado por Batres.
La ministra Batres Guadarrama también señaló que las personas sentenciadas a una pena privativa de libertad siempre contarán con el derecho a la reinserción social, independientemente de la duración de la pena establecida en su contra.
Por su parte, el ministro presidente Hugo Aguilar aclaró que con esta sentencia se busca que cada caso sea analizado bajo el contexto en el que ocurrió antes de emitir una sentencia y "que no se lea como un mandato de la Corte de que en todos los casos se tenga que poner la pena máxima".