Una organización que busca esclarecer los hechos del caso de María Guadalupe González Martínez, una mujer otomí que fue sentenciada a 50 años de cárcel en el Estado de México, exige justicia ante su situación legal, ya que, aseguran, los crímenes que le fueron imputados son el resultado de una fabricación. 

De acuerdo con sus comunicados, la mujer otomí está siendo señalada falsamente por la actual pareja de su exesposo y padre de sus dos hijos. Narran que las autoridades no han llevado el caso con perspectiva de género y que no ha habido, en ningún momento, la presencia de un traductor para que ella pudiera entender en su lengua materna lo que le estaba ocurriendo. 

Recuerdan que Lupita decidió terminar la relación de 12 años con el padre de sus hijos —en la que vivió violencia—, tras lo cual, en noviembre de 2021, impulsó una demanda para obtener una pensión alimenticia, lo cual desató una disputa legal. Posteriormente, la actual pareja del padre de sus hijos inició una serie reclamos en los que la acusó por presunto abuso sexual, secuestro y otros delitos, cuyos cargos finalmente sumaron los 50 años a los que fue sentenciada.

Según su familia, las acusaciones carecen de sustento.

La información recopilada por la organización —que, en un principio, es encabezada por ella misma— indica que al momento de su detención (la cual se califica de irregular), un grupo de personas la esperaba afuera de su domicilio para posteriormente subirla a la fuerza y sin una orden de aprehensión a un vehículo en dirección a la fiscalía de la mujer en el estado de Toluca, y posteriormente fue  ingresada al penal del Altiplano, en el municipio de Almoloya, en el que permaneció casi dos años.

Posteriormente, fue liberada bajo la condición de usar en su tobillo izquierdo un dispositivo que sólo le permitía moverse 500 metros en su domicilio.

La sentencia

En días anteriores a que se celebrara la audiencia en donde recibiría su condena, la organización exigió un cambio en el cómo se estaba realizando el proceso, con pancartas y megáfonos reclamaban una nueva investigación.

Un juez identificado como Víctor Martín Mejía Hernández encabezó la sesión el pasado jueves en la que juzgó sin perspectiva de género —denuncian— a María Guadalupe y la condenó a 50 años de prisión.  

Ante ello, las presentes compartieron mediante su cuenta de Facebook el mensaje que envió la mujer: "Hoy, el Estado me condena a 50 años de prisión por exigir un derecho para mis hijos, me sentencian por no quedarme callada, por no rendirme, pero no podrán encarcelar mi verdad ni la de tantas mujeres que luchamos por justicia, soy inocente y aunque me arrebaten la libertad, no podrán arrebatarme la dignidad ni la esperanza", declaró. 

Cabe mencionar que, durante los cuatro años (de los cuales casi dos pasó en prisión) que ha enfrentado este proceso jurídico, ha afirmado que ella no conoce a la mujer de su expareja y que desconoce la razón por la que inició los señalamientos.

Asegura también, junto con su defensa, que estos han sido fabricados, como por ejemplo, las marcas de violencia en el cuerpo de ella que, la parte acusadora presentó; según un dictamen médico, fueron creadas por la misma persona y no por María Guadalupe, como se le acusó. Sin embargo, estos señalamientos pasaron desapercibido y fueron desechados.

Hasta el momento, pese a los esfuerzos de la Organización de llevar el caso de María Guadalupe González Martínez a la atención de la presidenta Sheinbaum, no han tenido éxito.