El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila pospondrá la discusión y votación la iniciativa presidencial sobre la Ley General de Aguas luego de que representantes de la industria refresquera “han solicitado audiencia ante posibles afectaciones”.

En conferencia de prensa detalló que también se han comunicado con él los sectores agrícola y minero para pedir audiencia, aunque rechazó que haya sido presionado.

“Hasta ahora no, sólo solicitud de audiencia para revisar el contenido de algunas leyes que a su juicio les afecta entre otros la industria minera y la industria refresquera de agua no, los vamos a escuchar a todos”, subrayó.

Sobre la posibilidad de llevar a cabo un parlamento abierto, aclaró que la Comisión de Recursos Hidráulicos, agua potable y saneamiento que preside la morenista Cruz Elizabeth Cervantes “tiene libertad de hacerlo”.

“La comisión de Recursos Hidráulicos va a atender a todos los sectores para escucharlos por eso es que no la queremos sacar la semana que entra quiero dar un mayor tiempo”, apuntó.

“El líder de la bancada de Morena adelantó que “como coordinador del grupo parlamentario quiero planteárselo a mis compañeros; es una nueva Ley General de Aguas y es una ley que tiene 45 artículos”.

“Además, la ley anterior es un proyecto de decreto mediante el cual se expide la Ley General de Aguas es una nueva ley, un nuevo código una nueva reglamentación y modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales que ya existe y que tiene modificaciones importantes”, explicó.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política mencionó que la próxima semana se discutirá y votará la ley reglamentaria en materia de extorsión relacionada con el artículo 73 de la Constitución.

“Tenemos dos días de sesiones, quizás cuatro sesiones porque tenemos que dar publicidad y la segunda ordinaria o solemne, pero intentamos deliberar, discutir y en su caso aprobar la Ley de extorsión, nos parece urgente hacerlo porque es la ley reglamentaria del 73 constitucional”, comentó

Monreal Ávila consideró que ese dictamen será aprobado el martes o miércoles en el pleno, que busca “generar un tipo penal básico en el país”.

“De forma tal que, sin importar en dónde se comete el delito de extorsión, los medios empleados, el beneficio obtenido o el daño generado, las autoridades de todo el territorio nacional cuenten con criterios uniformes para investigar, sancionar, determinar agravantes y atender a las víctimas, de forma tal que, en todo el territorio nacional exista un tipo penal básico y sanciones uniformes”, detalló en una tarjeta informativa.