Decenas de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México bloquearon por más de cinco horas el Periférico Norte para impedir el paso de la caravana de transportistas del Estado de México que buscaba llegar al Zócalo capitalino para protestar por la inseguridad y denunciar presuntos abusos de autoridad por parte de la fiscalía mexiquense.
La marcha, integrada por cientos de transportistas y comerciantes, inició a las 10:00 de la mañana en Cuautitlán Izcalli, Edomex, pero fue detenida por una docena de patrullas y grúas de la policía capitalina, colocadas sobre los carriles centrales del Periférico Boulevard Manuel Ávila Camacho, a la altura del Toreo de Cuatro Caminos.
Durante las horas de cierre, que afecto a miles de automovilistas, representantes del gobierno federal y del estado de México lograron disuadir el avance de los cientos de manifestantes instalando una mesa de negociación para atender sus demandas y arrancar algunas promesas de apoyo.
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“No nos permitieron llegar hasta nuestro destino que es Ciudad de México para efecto de pedir la ayuda la intervención de la señora presidenta de la República”, dijo la líder de los transportistas, Gabriela Torres.
La líder de la organización civil, aseguró que las autoridades mexiquenses y federales acordaron revisar más de 100 casos relacionados con presuntas carpetas de investigación falsas.
“Basta la extorsión, basta la fabricación de carpetas de investigación y basta de las persecuciones políticas a diversos representantes y líderes de las organizaciones de las que estamos aquí presentes”, aseguró.
La dirigente de la asociación civil, advirtió que de no haber resultados positivos en las mesas de negociación volverán a marchar.
“Si no llegamos a un acuerdo contundente que favorezca a nuestros diversos gremios, en lo particular transporte; en lo general comercio y en la totalidad del trabajo de nuestras organizaciones, de nuestras asociaciones esto lo volveremos a hacer las veces necesarias”, dijo.
Más de cien carpetas de investigación
En esta manifestación participan una docena de familiares de transportistas y comerciantes del Estado de México, acusados de extorsión por parte de la fiscalía mexiquense.
Es el caso del esposo de Diana Martínez, quien fue acusado de extorsión hace ocho meses, a pesar de que el delito que se le imputa ocurrió cuando él estaba de viaje en Tijuana, Baja California.
“Yo tengo las pruebas contundentes donde él está de viaje en Tijuana y se hospeda, tengo facturas, vuelos, testigos, pero la fiscalía no quiere esas pruebas”, asegura Diana.
Esta mujer de 34 años pide que se investigue a fondo el caso y se deslinden responsabilidades.
“Yo pido que el gobierno revise su carpeta”, insistió.
Otro caso similar es el de Claudia, quien denuncia que un familiar transportista fue detenido hace siete meses, sin que hasta el momento haya avances en las investigaciones.
“Realmente nos sentimos solas, somos madres que estamos solas y que tenemos que dejar a nuestros hijos para salir a trabajar, cuando ella dijo que a nosotras las mujeres ella nos iba a apoyar”, dijo.