Kassandra Treviño, Jennifer Campillo y Jessica Ortega iniciaron una huelga de hambre frente a las oficinas del Palacio Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en protesta por el incumplimiento del estado a la recomendación 173VG/2024 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al secretario de Seguridad del estado.
Kassandra, Jennifer y Jessica fueron víctimas y sobrevivientes de la masacre ocurrida el 5 de septiembre del 2019, en donde otras tres mujeres y cinco hombres fueron asesinadas extrajudicialmente en un operativo integrado por agentes del Centro de Análisis, Investigación y Estudios de Tamaulipas, (CAIET), la Policía Estatal, según concluyó la CNDH.
Las víctimas exigen el cumplimiento a recomendación de la CNDH y la Reparación Integral y Acceso a la Justicia, además reclamaron que Rosario Piedra Ibarra y el equipo a su cargo no haya mencionado en la recomendación a los elementos del Ejército mexicano que también participaron en el operativo en donde fueron torturadas dentro de un domicilio del fraccionamiento Valles de Anáhuac en Nuevo Laredo y otras ocho personas fueron asesinadas.
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“Las víctimas de esta masacre fueron identificadas como Severiano Treviño Hernández, Cinoy Esmeralda Briseño Chapa, Luis Fernando Hernández Viesca, Enrique Pérez Chávez, Wilbert Irraestro Pérez, Juana Jetzel Graciano Magaña, José Daniel Saucedo Hernández, y Jennifer Hazel Romero López, residentes en los estados de Tamaulipas, México, Oaxaca y Coahuila”, destaca en un comunicado el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.
Los hechos ocurrieron durante el gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca y el fiscal del estado era Irving Barrios Mojica.
“Esa versión oficial” fue desvirtuada de inmediato por una investigación sustentada en testimonios de al menos tres víctimas sobrevivientes (Kassandra, Jennifer y Jessica) y cuatro videograbaciones que fueron obtenidas por personal del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y exhibidas en diferentes medios de comunicación nacionales y extranjeros obligando a las autoridades a reconocer su “montaje”, destaca el comunicado.
Familiares de las víctimas que murieron en esa masacre entregaron el pasado 18 de septiembre de 2025 una solicitud de audiencia en las oficinas del gobernador de Tamaulipas, Américo Villareal Anaya, así como al secretario general de gobierno, Héctor Joel Villegas González, la cual no ha sido atendida.