La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pospuso la discusión y votación de dos proyectos presentados por las ministras Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel Mossa luego de que colectivos solicitaran una audiencia previa a su resolución.
Los proyectos que aparecían listados son el amparo en revisión 681/2022, relativo al cobro de un aprovechamiento del 2% por uso de la infraestructura de la Ciudad de México, mientras que el otro es la contradicción de criterios 217/2021, que propone que las asociaciones deben acreditar interés legítimo para promover amparos en materia de medio ambiente.
"Enseguida tenemos unos temas respecto de los cuales nos han solicitado a la Presidencia algunas reuniones para hacer sus consideraciones, cada una de las partes interesadas en estos asuntos", dijo el ministro presidente, Hugo Aguilar, durante la sesión.
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El ministro Aguilar Ortiz señaló que durante la sesión estaba ocurriendo una manifestación de repartidores por aplicación frente al edificio de la SCJN ante la eventual resolución del amparo en revisión 681/2022 que propone no conceder el amparo a una empresa de delivery.
El ministro también dijo que los trabajadores solicitaron dialogar, por lo que pidió a la ministra Lenia Batres, ponente de ese asunto, aplazar la discusión de eso con el fin de poder escuchar a los repartidores por aplicación.
"Esta nueva Corte ha ofrecido tener diálogo y escuchar a todos los interesados antes de tomar una decisión", dijo Aguilar Ortiz.
El siguiente asunto en la lista era la contradicción de criterios 217/2021, bajo la ponencia de la ministra Esquivel Mossa, para el cual también se solicitaron audiencias, confirmó el ministro Aguilar.
La ministra Yasmín Esquivel aclaró que ya había enviado un oficio para solicitar que el proyecto fuera retirado de la lista de asuntos a discutir.
"La SCJN considera que no es jurídicamente factible que una persona moral acredite el interés legítimo para acudir al juicio de amparo a reclamar el derecho al medio ambiente sano a través del objeto social plasmado en su acta constitutiva", señala ese proyecto, lo que acotaría la posibilidad que organizaciones puedan promover recursos contra afectaciones ambientales.