El pleno del Senado aprobó expedir la ley contra la extorsión, el tercer delito que más afecta a los mexicanos, mediante las llamadas de extorsión y el cobro de piso, principalmente.
El dictamen de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia Extorsión, se aprobó en lo general por unanimidad de 110 votos de senadores de todos los partidos. Debido a que el Senado hizo 20 cambios a la minuta de la Cámara de Diputados, el documento será retornado a la colegisladora.
La ley fija un marco jurídico que permita combatir el delito de extorsión en todo el territorio nacional.
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Prevé la obligación de contar con unidades, policías, analistas y ministerios públicos capacitados, evaluados, certificados y especializados en la investigación del delito de extorsión.
Se obliga a todas las instituciones de seguridad y justicia actúen bajo un mismo estándar legal y procedimental frente al delito de extorsión.
La minuta original proponía una sanción de 6 a 15 años de prisión, lo cual chocaba con el umbral contemplado en Baja California con 7 años, Tamaulipas con 10, Ciudad de México con 10 años, Estado de México con 8 años, Zacatecas 8 años, Nayarit 10 años, Chiapas 10 años, Morelos, Quintana Roo y Michoacán con 15 años.
“De mantener la sanción de 6 años como mínimo, abriría la puerta para que las personas sancionadas por esa conducta pudieran solicitar la libertad anticipada, aprovechando la aplicación retroactiva en su beneficio. Por esa razón consideramos aumentar la penalidad mínima a 15 años y la máxima a 25 años”, dijo el morenista Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia.
También se establece una pena de 6 a 12 años de prisión a quien sin autorización introduzca a un centro penitenciario teléfonos móviles o componentes que permita la transmisión de datos, voz, geolocalización o imágenes mediante telefonía fija o móvil, radiofrecuencia satelital, internet o tecnología análoga, como una medida para eliminar la extorsión desde los centros penitenciarios, desde donde se realizan la mayoría de las llamadas extorsivas.
Se ordena que las autoridades deberán adoptar todas las medidas para garantizar la vida, libertad o integridad física o mental, o puedan ser sometidos a actos de intimidación por estar en el procedimiento.
Por ejemplo, el resguardo de su identidad a través de la reserva de sus nombres, lugar de trabajo, datos que permitan su identificación, métodos que imposibiliten su identificación visual o auditiva, el uso de tecnología para permitir su participación vía remota, que las notificaciones sean mediante su asesor jurídico o el Ministerio Público, y el bloqueo y anulación del IMSI, que significa Identidad Internacional del Suscriptor Móvil, o el IMEI, Identidad Internacional del Equipo Móvil.