Previo a la audiencia donde se resolverá si Javier Duarte puede acceder a la libertad anticipada de su condena de nueve años, su abogado, Pablo Campuzano, aseguró que la defensa entregó documentación “puntual” que demuestra que el exgobernador de Veracruz cumple con todos los requisitos legales para obtener el beneficio. “Venimos a la lectura de la resolución y confiamos en que debe resolverse así”, dijo.
A las afueras del reclusorio Norte en la Ciudad de México, Campuzano explicó que los siete requisitos establecidos en la ley están acreditados en la carpeta de ejecución.
Entre ellos, mencionó que Duarte no tiene otras condenas, cuenta con carta de buena conducta y con documentos que confirman que ha cumplido con su plan de actividades dentro del penal. “No se presta a interpretaciones; los documentos son claros”, afirmó.
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Ante los señalamientos sobre antiguas sanciones disciplinarias, el abogado precisó que estas datan de más de cinco años y que existe jurisprudencia de la Suprema Corte que determina que no constituyen un impedimento para conceder la libertad anticipada.
“Incluso el antecedente que dio lugar a esa jurisprudencia tenía cuatro sanciones disciplinarias, y aun así se resolvió que sí procedía siempre que hubiera mejoría y un periodo considerable de buena conducta”, señaló.
Sobre la postura de la fiscalía, que se ha opuesto al beneficio, Campuzano dijo que respetarán la decisión de la jueza, aunque no descartó presentar una apelación si la resolución resulta desfavorable.
Sostuvo que la determinación podría sentar un precedente en materia de imparcialidad ante el nuevo poder judicial. “Es un caso que puede fijar un antecedente, claro, en la preocupación que tiene muchas personas empresarios, políticos e institucionales en general en cuanto a imparcialidad del Poder Judicial y el respeto al estado de derecho”, dijo el abogado.
El exgobernador de Veracruz (2010-2016), Javier Duarte, fue acusado y sentenciado en septiembre de 2018 a nueve años de presión principalmente por delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, derivados de una extensa red de corrupción y desvíos multimillonarios de fondos públicos.