Varias de las 18 personas detenidas durante la marcha del 15 de noviembre en la Ciudad de México resultaron ser ciudadanos sin vínculo con el “bloque negro”; fueron arrestados porque la policía tenía la orden de presentar detenidos.
Es el caso de Gabriel Pérez Rábago, empleado del gobierno capitalino, quien denunció públicamente que los agentes que lo arrestaron —y lo acusan de tentativa de homicidio— admitieron que sólo cumplían instrucciones.
Hasta el momento, el resto de los liberados y sus familias han preferido guardar silencio por temor a represalias o a complicar su situación legal. Relatos de allegados señalan incluso pagos a policías del Ministerio Público para visitar o llevar alimentos a sus familiares.
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La Fiscalía capitalina no ha ofrecido información transparente sobre la identidad y condiciones de los detenidos; los nombres conocidos han trascendido únicamente por abogados y personas cercanas que solicitan el anonimato.
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