El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que es inconstitucional la facultad otorgada a fiscalías especializadas anticorrupción estatales para intervenir comunicaciones privadas, así como la de solicitar la localización geográfica en tiempo real.
Este martes la SCJN invalidó diversos artículos de la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Quintana Roo.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos interpuso una acción de inconstitucionalidad en contra de las facultades que se le otorgaron tras una reforma publicada en enero de este año a la Ley Orgánica de esa Fiiscalía Especializada.
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En tres votaciones distintas, el pleno de ministros aprobó por mayoría de votos el proyecto presentado por el ministro Arístides Guerrero García.
En su planteamiento, el ministro Guerrero García afirmó que es inconstitucional que una fiscalía especializada tenga la facultad de solicitar la intervención de comunicaciones privadas, ya que la Constitución sólo menciona a las fiscalías generales estatales.
Esta propuesta fue aprobada por mayoría de seis votos; en contra se posicionaron las ministras Sara Irene Herrerías, Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos.
Sobre la geolocalización en tiempo real, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz propuso que la invalidez se hiciera extensiva a la norma que otorgaba la facultad de conservar información contenida en redes y equipos de informática.
En este apartado, sólo las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf votaron en contra.
Luego de la determinación de la Suprema Corte, el titular de la Fiscalía especializada en combate a la corrupción de Quintana Roo deberá pedir la intervención del titular de la Fiscalía General de Justicia de ese estado para solicitar a jueces federales la intervención de comunicaciones y obtener geolocalizaciones en tiempo real.