Seis meses han pasado desde la desaparición de cuatro trabajadores de la construcción que viajaron a Oaxaca, sin que la fiscalía del estado haya logrado su ubicación.

Fue el pasado 13 de junio del 2025 cuando se perdió toda comunicación en el municipio de Ejutla de Crespo, Oaxaca, con José Santos Villafranco de 26 años; su padre, Francisco Santos Gómez, de 64; Joaquín Álvarez Cruz, de 53; y Humberto Cruz Agustín de 62 años, quienes viajaron desde Villa Nicolás Romero en el Estado de México para la venta de materiales de construcción.

El martes 25 de noviembre se realizó una búsqueda en comunidades del municipio de Ejutla de Crespo; el recorrido fue realizado por la familia con el acompañamiento de la Guardia Nacional, pero la agente ministerial de la fiscalía del estado, responsable de la investigación, Juliama Bautista Castillo, no sólo no realizó el acompañamiento correspondiente, sino que tampoco había integrado en la carpeta de investigación las declaraciones de los familiares realizadas en 29 de junio que aportaron información de comunicación que tuvieron con las víctimas el día de su desaparición.

“No tuvimos apoyo psicológico se le pidió a la MP que lleva el caso allá en Oaxaca, la licenciada Juliama, que obviamente que acudiera la cual igual tuvo una negativa entonces pues no esa búsqueda fue muy básica”, relamó Marisol Santos, familiar de dos de las víctimas

“Apenas mi declaración que tomó el día 29 de junio no existe en la carpeta, ella me dijo que de mi declaración sacó muchos datos importantes porque mi pareja me mandó fotografías de donde estaban y de un retén donde los detuvieron y todo esto”, indicó Evelyn Lora, esposa de José Santos Villafranco.

“Pues que exijan que que las autoridades de Oaxaca este pues trabajen para buscar a no nada más a nuestros familiares a varios porque hay mucha gente desaparecida en Oaxaca”, reclamó Iván Álvarez, hijo Joaquín Álvarez Cruz.

Durante la Conmemoración de los 21 años de la Desaparición de Mónica Alejandrina Ramírez, estudiante de la UNAM, celebrada en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, expertos en la defensa de los derechos humanos, expusieron que las autoridades mexicanas de los tres niveles de gobierno apuestan por minimizar los casos de desaparición forzada en nuestro país.

Afirmaron que para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas las autoridades deben asumir su responsabilidad y actuar con empatía hacia las familias.

“Para poder garantizar como que es la exigencia desde un enfoque de derechos humanos que se hace eco de la palabra de las víctimas prevención búsqueda localización justicia memoria garantías de repetición protección a quienes buscan y construcción de políticas de memoria para que no sucumba el olvido”, destacó, Alan García Campos, Oficial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México.

“Hay un pacto de impunidad brutal, cómo vamos a romper ese pacto de impunidad, mientras el estado mexicano nos reconozca como no lo quiere hacer ante naciones unidas que hay un problema gravísimo que hay un patrón sistemático desde hace 40 años hasta la fecha mientras no se quiera sentar a hablar con las organizaciones, mientras la señora presidenta no nos reciba y a las familias y a los acompañantes en palacio, sino que sólo recibe algunos no va a ser muy difícil continuar avanzando en esta situación”, reclamó Juan Carlos Gutiérrez de IDHEAS, litigio estrategíco de Derechos Humanos.

En México más de 133 mil personas se encuentran desaparecidas, según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, durante la administración del expresidente, López Obrador 377 personas desaparecieron en este estado; del 1 de octubre del 2024 al 15 de diciembre de 2025, 79 personas han desaparecido en Oaxaca