La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) emitió una recomendación de reparación de daño por el caso de un agente del Ministerio Público que exhumó los restos de Dulce Alejandra, una joven fallecida cinco años atrás sin la autorización de su madre.

De acuerdo con un documento publicado por la PRODHEG acerca del expediente 1684/2025, que recapitula los hechos, en 2020 le fueron presentadas a la madre de la fallecida fotografías de los restos de su hija, los cuales identificó por el rostro y los tatuajes. Estas mismas fotografías fueron mostradas a su hermano, quien corroboró la identidad de Dulce. Esta identificación fue reafirmada gracias a un perfil genético que se realizó unos meses más tarde, también en 2020, cuando ya le habían sido entregados los restos.

El pasado mes de marzo de 2025, indica el documento, un agente del Ministerio Público le informó que sería necesario exhumar los restos, pues había habido un error en la entrega de los cadáveres y le habían dado un cuerpo que no era el de su hija. De acuerdo con PRODHEG, ella se negó a autorizar la exhumación, sin embargo, se hizo caso omiso.

De acuerdo con la recapitulación, la exhumación deriva de la solicitud en 2024 de una víctima indirecta, quien señalaba que no tenía la certeza de que le hubieran entregado el cuerpo de su familiar, pues en esa entrega no se había realizado un perfil genético. El documento cita que “el armado de los cuerpos se hizo en conjunto con otros segmentos corpóreos encontrados el mismo día (entre ellos, el cuerpo de la hija de la quejosa)”.

El acta de la entrevista hecha a la madre de Dulce Alejandra cuando se le indicaron las razones de la exhumación asienta falsamente que sí había accedido y resalta que se le informó que esta era necesaria, ignorando el hecho del perfil genético realizado años atrás. Este procedimiento volvió a realizarse y, nuevamente, confirmó que se trataba de su familiar.

El documento apunta a que la actuación del agente del Ministerio Público vulneró los derechos humanos de la madre de Dulce Alejandra, pues “omitió salvaguardar el derecho humano a la seguridad jurídica de la quejosa” y se recomienda la reparación de daños con medidas como el señalamiento de los responsables y compensaciones por los daños emocionales y económicos que sufrió la quejosa.

“La Corte IDH ha establecido que la falta de seguridad jurídica puede originarse por aspectos legales, administrativos o por prácticas estatales que reducen la confianza pública en las instituciones o el goce de los derechos reconocidos; y esto trae como consecuencia, una inestabilidad respecto del ejercicio de los derechos fundamentales, y de situaciones jurídicas en general”, apunta la PRODHEG.