Veracruz.- La presunta renuncia de Verónica Hernández Giadáns a la Fiscalía General de Veracruz y la solicitud de licencia Lisbeth Aurelia Jiménez Arroyo, como magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz ante el Congreso local, desató una ola de discusiones y cuestionamientos.
Este día, el Congreso de Veracruz avaló la "renuncia" de Verónica Hernández Giadáns como fiscal general, que medios locales filtraron desde hace más de un mes y, al mismo tiempo, la solicitud de licencia como magistrada de la expresidenta del Poder Judicial, Lisbeth Aurelia Jiménez Arroyo.
La llegada de Aurelia Jiménez fue duramente cuestionada tanto por la oposición como "un capricho de Rocío Nahle por contar con una fiscal carnala", como por penalistas que advirtieron que está legalmente impedida para asumir el cargo.
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Verónica Hernández llegó como encargada de la fiscalía en 2019, durante el gobierno del morenista Cuitláhuac García Jiménez, y fue ratificada en mayo de 2020 por un periodo de nueve años.
Pero a menos de un año de gobierno de la también morenista, Rocío Nahle, el Congreso local reformó la Constitución para modificar el proceso de designación, duración, ratificación y remoción del titular de la Fiscalía General del Estado, que entró en vigor desde el 5 de septiembre.
De esa manera, el Congreso da su aval para que Rocío Nahle imponga en la fiscalía a un nuevo titular.
Con este cambio, el Congreso cuenta con cinco días hábiles para elegir a quien estará a cargo de la fiscalía de una terna que será propuesta por el Ejecutivo del Estado, aunque Esteban Bautista, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) adelantó que hoy mismo "tendremos un fiscal".
En caso de que la primera propuesta se rechazaba, Nahle deberá enviar una segunda, que deberá ser aprobada por dos terceras partes del pleno, pero si esta segunda tampoco pasa, el Ejecutivo tendrá la facultad de elegir al fiscal de entre las dos ternas que había enviado previamente.
La reforma incluye la reducción del mandato del o la fiscal a cuatro años, en vez de nueve, y permite su reelección para un segundo periodo.
También, a petición del Ejecutivo, autoriza la destitución del fiscal por causas graves, aunque le otorga al Congreso el poder de oponerse a tal decisión con una mayoría calificada.
Las modificaciones incluyen que quien ocupe la fiscalía de Veracruz sea mexicano, ya no es una exigencia ser veracruzano.