La creciente violencia en contra de funcionarios estatales y municipales por parte del crimen organizado ha provocado que cada vez más autoridades pidan auxilio de las fuerzas federales o recurran a leyes para solicitar protección personal.
Y es que en México, 439 servidores públicos locales cuentan con escoltas y un dispositivo de seguridad pagado con dinero del erario, de acuerdo con información obtenida por Latinus a través de solicitudes de transparencia enviadas a más de 60 corporaciones de seguridad.
En las últimas dos décadas, la violencia en contra de autoridades locales llegó a niveles récord. Tan sólo el año pasado, 40 funcionarios elegidos mediante el voto, como es el caso de los alcaldes, fueron asesinados, de acuerdo con la organización Data Cívica.
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