Tras presentarse ante la Suprema Corte de Estados Unidos en Washington D.C. por la audiencia sobre la demanda de México contra los fabricantes de armas de Estados Unidos, Pablo Arrocha, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, acusó a estas empresas suministrar armas de fuego de alto poder a los cárteles de la droga de forma irresponsable.
Arrocha explicó en el posicionamiento de México difundido por la Cancillería que “las organizaciones delictivas adquieren armamento con el que han derribado helicópteros militares mexicanos, o bien, armas semiautomáticas de gran calibre, como las AR-15, que no pueden ser adquiridas legalmente por civiles en México".
Agregó que "todas estas armas se utilizan para herir y matar a decenas de miles de mexicanos cada año. ¿Y por qué ocurre esto? Ocurre gracias al flujo de armas que se trafican ilegalmente, todos los días, desde Estados Unidos”.
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El representante mexicano ante la Suprema Corte estadounidense indicó que las armerías sólo piensan en el beneficio económico y no asumen su responsabilidad al armar a las organizaciones criminales que dañan y atacan a los ciudadanos de ambos paises.
Sentenció que “para frenar a los cárteles, es imperante cortar el suministro de armas de fuego”.
“Se trata de un río de hierro que bombea hasta medio millón de armas, o más, cada año a México. Los fabricantes de armas estadounidenses, así como los distribuidores y los vendedores, alimentan este río con pleno conocimiento de causa”, aseveró.
El consultor jurídico mexicano destacó que México respeta el derecho de los estadounidenses a protegerse, pero las armerías aprovechan las leyes del país para suministrar armas a los criminales en México.
“El gobierno de México respeta plenamente las políticas de Estados Unidos. Y quiero ser muy claro, esta demanda de México no tiene nada que ver con la segunda enmienda constitucional, ni con los derechos de los estadounidenses, que son respetuosos de la ley, para adquirir y poseer armas de fuego. Este caso no se trata de eso. Lo que nos preocupa y nos ocupa es el tráfico ilícito de armas hacia nuestro país, donde su posesión sí es ilegal como consecuencia de la negligencia de los fabricantes de armas, que son muy conscientes de su desvío”, sentenció.