La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibió dos solicitudes de ejercicio de la facultad de atracción presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) para que el máximo tribunal conozca de los juicios de amparo interpuestos en contra del aseguramiento de terrenos en Santa Fe, Ciudad de México.
Desde octubre de 2020, la FGR inició una carpeta de investigación por la presunta enajenación irregular de terrenos que eran bienes propiedad de la Nación, ubicados en la zona de Santa Fe, alcaldía Álvaro Obregón.
La indagatoria de la FGR se basa en un decreto que fue publicado en 1907, durante el mandato del general Porfirio Díaz, que reservó para la Nación dos mil hectáreas del predio denominado Loma Bonita Peña Blanca; y otro de 1974, con el que se expropiaron más terrenos. Asimismo, consideró que fue ilegal la enajenación hecha en 2018 en favor de particulares.
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En febrero de 2024, un agente del Ministerio Público de la Federación llevó a cabo el aseguramiento de la propiedad, colocó sellos, desalojó a los ocupantes y solicitó la inscripción del aseguramiento del inmueble ante el Registro Público de la Propiedad.
En abril de ese mismo año, Inmobiliaria F4, propietaria del terreno en litigio, presentó un juicio de amparo en contra de las acciones de la FGR argumentando que el predio ya no es propiedad federal desde 2018 y que su aseguramiento se realizó sin autorización judicial.
Una jueza federal dio la razón a los particulares pues estimó que la enajenación fue lícita, ya que en el Diario Oficial de la Federación se publicó en 2018 la desincorporación del régimen de dominio público de dicho terreno, y señaló que la FGR debe continuar con su investigación para determinar la legalidad de la enajenación.
En noviembre del año pasado, la jueza finalmente otorgó el amparo para que los agentes del Ministerio Público federal levanten el aseguramiento del terreno.
Ante ello, la Fiscalía General de la República promovió un amparo en revisión en contra de esa sentencia que, junto a un juicio presentado por los arrendatarios del terreno, solicitó que sean atraídos por la Suprema Corte .
En el acuerdo del 26 de marzo, publicado este viernes, la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, envió a la Primera Sala el estudio de estas dos solicitudes.