Una juez ordenó la liberación de los presuntos responsables de una de la fosa clandestina más grande de Guanajuato, en la que se encontraron 81 cuerpos de personas desaparecidas.
La magistrada federal que revisa el caso es Luz Elba de la Torre Orozco, quien se encuentra en campaña para refrendar el cargo el 1 de junio en la elección del poder judicial, por lo que ahora está enfocada en el proceso electoral.
En enero de este año, una resolución de la magistrada, Gabriela Berenice Pinedo Amador, de la Cuarta Sala del Tribunal del Estado de Guanajuato suspendió la orden de aprehensión en contra los imputados y determinó la liberación de los presuntos responsables de la fosa clandestina de Salvatierra.
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La liberación de los presuntos criminales se emitió sin notificarles a las familias de las víctimas violando su derecho al acceso a la justicia e impidiendo su participación, consideraron los abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Pro), que llevan el caso de la familia de una de las víctimas.
Con el avance de las investigaciones, la fiscalía del estado identificó a Carlos Manuel Calderón Cardoso y Julio César Zamudio Villagómez, integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima, como presuntos responsables de la fosa clandestina del municipio de Salvatierra.
Se trata de la fosa localizada en octubre del 2020 en un predio de 600 metros cuadrados del Barrio de San Juan en el municipio de Salvatierra, Guanajuato, las autoridades realizaron 65 excavaciones para la recuperación de los 81 cuerpos.
La fosa fue descubierta tras una denuncia anónima que recibieron la maestra, María del Tránsito Piña y el profesor, Javier Barajas, padres de Guadalupe Barajas Piña, “Lupita”, quien fue secuestrada el 29 de febrero del 2020 al salir de su casa en el centro de Salvatierra.
En marzo del 2020 se recibió la primera llamada en la que una persona reveló que “a su hija se la llevó “El Grillo” y “El Chore”; la segunda llamada fue hasta junio en que revelaron la ubicación de donde había sido sepultada su hija.
La Comisión de Búsqueda del estado localizó el lugar hasta el 20 de octubre del mismo año, la recuperación de los cuerpos y labores de investigación pericial concluyeron en noviembre del 2020.
En represalia, el Cártel de Santa Rosa de Lima, fundado José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, asesinó en mayo del 2021 a Francisco Javier Barajas, hijo de los maestros, quienes tras amenazas en su contra tuvieron que abandonar su hogar en Salvatierra.