AP.- Los mexicanos elegirán el domingo por primera vez a sus jueces entre cientos de candidatos que apenas conocen. En teoría, ningún partido debía promocionarlos, pero la campaña de las "controvertidas elecciones judiciales" ha dejado hasta hoy muestras de lo contrario.

El Instituto Nacional Electoral (INE), encargado de la convocatoria, fijó una serie de normas y restricciones para la campaña —que concluyó el miércoles— en un intento de garantizar que haya equidad e imparcialidad entre los 881 jueces que saldrán de las urnas el 1 de junio.

Por ejemplo, los aspirantes a jueces no podían recibir apoyo o financiamiento de organizaciones políticas, tampoco contratar espacios de promoción en los medios. Solamente se les permitió imprimir volantes y realizar pequeñas concentraciones, así como campañas a través de las redes sociales con sus propios recursos con unos topes —de casi 11 mil dólares hasta 70 mil dólares— dependiendo del cargo al que aspiran.

Pese a los esfuerzos del INE, analistas consultados por The Associated Press coincidieron en que el proceso "quedó marcado" desde su origen por la política, ya que las propias elecciones judiciales son fruto de una reforma controvertida que impulsó el oficialismo y sus aliados cuando Andrés Manuel López Obrador aún era presidente.

La reforma fue fuertemente cuestionada como una vía que podría "politizar la justicia", pese a que el gobierno la defendió precisamente como una forma para "combatir la corrupción judicial". López Obrador fue un abierto crítico del ente electoral y, durante su mandato, redujo el presupuesto del INE.

La reforma al sistema de elección de jueces fue, por tanto, una herencia para la ahora presidenta Claudia Sheinbaum para quien la votación del domingo será determinante a la hora de medir su poder de convocatoria. Si bien los partidos políticos no pueden promover a ningún candidato, desde el gobierno se ha insistido de participar en la votación.

“Será un indicador para ver qué tanto control y tanta fuerza tiene la presidenta en el interior del partido y también qué tanto peso e influencia tienen en los estados”, apuntó el politólogo y consultor político Javier Rosiles Salas.

Perfiles cercanos al oficialismo

Los aspirantes a jueces que llegan avalados por el oficialismo —que salieron de un proceso de preselección — representan más del doble que los respaldados por sus críticos, esto es, por el mismo entorno judicial.

Las candidaturas se definieron a través de tres comités, uno del Poder Judicial, otro del Ejecutivo y un tercero del Legislativo.

Los listados de los dos últimos comités estuvieron integrados por personas afines al partido gobernante: Morena, que dominaron la selección de la mayoría de los aspirantes, afirmó el profesor de Ciencias Políticas y Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el doctor Julio Ríos Figueroa.

Eso llevó a que entre los perfiles que irán en las papeletas figuren jueces y abogados que han mostrado cercanía con anterioridad al partido de gobierno Morena.

Sospechas de una campaña politizada por los partidos

Pero más allá de la influencia inicial en la selección de candidatos, durante la campaña electoral también hubo intervención de algunos partidos como Morena o los opositores de Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) que, según Rosiles Salas, operaron de “manera soterrada” para promover la votación de algunos aspirantes bajo la excusa de "explicar" a los mexicanos cómo ejercer el voto.

Camuflados como instructivos, en las últimas semanas han aparecido en barrios y en el metro de la capital los llamados “acordeones”, un folleto plegable que contiene información sobre cómo votar o cuál es el número de candidatos a elegir para cada cargo, pero que dependiendo del caso contiene, además, varios nombres de aspirantes: en unos aparecen listados de personas cercanas al oficialismo y en otros, nombres conocidos entre la oposición.

Asimismo, en paredes se han visto afiches con nombres de 14 candidatos cercanos al gobierno de Sheinbaum y del anterior de López Obrador que compiten para la Suprema Corte, los tribunales electorales o para el de disciplina judicial, indicó a la AP el abogado Carlos Ávila.

Riesgo de perder imparcialidad en la justicia

Frente a las preocupaciones que han surgido en torno a la "politización del sistema judicial", Sheinbaum se ha mostrado confiada en que la judicatura que surgirá de la votación será la que “responda a la justicia”.

El profesor Ríos Figueroa —quien participó con otros cinco investigadores de instituciones locales e internacionales en un estudio sobre la reforma judicial titulado “Elección popular de jueces federales en México 2025”—, planteó que el riesgo de "politización de la justicia" va aparejado con una “erosión democrática”.

El académico sostiene que el poder ejecutivo en México “está adquiriendo cada vez más funciones, capacidades y, se le están quitando cada vez más los frenos y los contrapesos”, como ha pasado, indicó, en otros países como Hungría, Turquía y Estados Unidos.

La “pérdida de la imparcialidad de los juzgadores” favorecerá al partido en el poder, pues, "será muy difícil" que vayan a perder casos que les importen.

Entre los asuntos que deberá dirimir la futura Suprema Corte están, por ejemplo, la prisión preventiva oficiosa, los derechos de las víctimas a una reparación ante la comisión de atención, cumplimiento de las sentencias internacionales por parte del ejecutivo y las competencias de la Secretaría de Seguridad federal en funciones de inteligencia e investigación.