El Instituto Nacional Electoral (INE) deberá investigar la presunta injerencia de Movimiento Ciudadano en la elección judicial de Nuevo León a través del reparto de acordeones donde perfiló a abogados cercanos. Así lo ordenaron por unanimidad los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En sesión pública, los magistrados revocaron un acuerdo que emitió la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del INE, donde consideró inexistentes las condiciones jurídicas para iniciar un procedimiento sancionador contra MC por presuntos actos que, a su parecer, vulneraron los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en el presente proceso electoral judicial.
Lo anterior debido a la distribución de acordeones previo a los comicios del 1 de junio, presuntamente por parte del gobierno estatal de Samuel García y MC en Nuevo León, donde se perfilaron aspirantes impulsados por dicha autoridad y partido. La demanda consideró el uso indebido de recursos públicos para fines de promoción y propaganda.
Te podría interesar
Tras el rechazo del INE para investigar esas conductas, el PAN recurrió al tribunal para señalar que la UTCE hizo una errónea interpretación de los límites que la Constitución y la ley para los partidos políticos sobre su participación en el proceso electoral judicial. A su parecer, la autoridad electoral tiene la obligación de investigar y sancionar toda conducta contraria al marco jurídico.
A partir de un proyecto de la magistrada Janine Otálora Malassis, el pleno del TEPJF revocó el acuerdo de la UTCE, pues incumplió con su obligación constitucional de investigar los hechos que se hicieron de su conocimiento, los cuales podrían configurar una infracción electoral.
El proyecto argumentó que el INE, en su calidad de garante de los principios de legalidad, certeza y equidad, tiene el deber de verificar si existen elementos para iniciar un procedimiento oficioso sancionador e investigar los hechos denunciados, ello al margen de si el sujeto que denunció la conducta podía hacerlo o no.
La Sala Superior consideró que el INE tiene el deber de analizar la posibilidad de abrir un procedimiento oficioso, ya que lo que está en juego es el tutelaje de los principios constitucionales y legales que pueden verse afectados ante la comisión de conductas presumiblemente infractoras.