Este domingo 20 de julio se prevé que se lleve a cabo la segunda marcha contra la gentrificación en la Ciudad de México como respuesta a los aumentos de rentas y desalojos a vecinos en los últimos años, por lo que las autoridades capitalinas activarán un protocolo de seguridad. 

La concentración se hará en la alcaldía Tlalpan, desde la estación del Metrobús Fuentes Brotantes a El Caminero. 

En esta marcha el gobierno de la Ciudad de México desplegará a integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que portarán escudos, rodilleras y cascos, así como extintores en caso de que se registre un incendio. 

Asimismo, si se detectan objetos que pudieran causar daños, se invitará a que los entreguen a personal civil; si se niegan, serán "encausados" del contingente para que personal civil les pida que entreguen los artículos. 

Previamente, el 5 de julio, cientos de personas vecinos de diversas colonias se concentraron en el Parque México, en la colonia Condesa, de la alcaldía Cuauhtémoc, para protestar en contra de la gentrificación.  

Sin embargo, la protesta se tornó violenta cuando algunos de los integrantes empezaron a romper y dañar la inmobiliaria de comercios, que según los manifestantes contribuyen a la gentrificación en la capital. 

Los protestantes exigieron nuevas leyes que regulen y mejoren el turismo en el país porque aseguran que quienes deciden quedarse a vivir ocasionaron que para los mexicanos sea poco rentable hacerlo en zonas de su elección. 

Por esta razón, la embajada de Estados Unidos en México llamó a los estadounidenses de resguardarse durante esta movilización con el objetivo de evitar algún enfrentamiento físico por las tensiones.

Mientras que el gobierno de la Ciudad de México pidió manifestarse de manera pacífica, al tiempo en que prometía que no habría represión. 

Tras la concentración, la presidenta Claudia Sheinbaum admitió que la gentrificación existe y afecta, pero calificó la movilización como actos xenófobos.

Durante una de las conferencias matutinas de la mandataria rechazó los comentarios discriminatorios contra los extranjeros que eligen vivir en el país porque aseguró que "Las muestras de xenofobia hay que condenarlas". 

Por su parte, la jefa de gobierno, Clara Brugada emitió un comunicado donde reconoció que este problema orilla a los mexicanos a desplazarse de sus hogares.

"Rechazamos este fenómeno que excluye a la población de sus barrios, colonias y comunidades, por ello, impulsamos políticas públicas de vivienda que fortalezcan el arraigo con créditos accesibles para el mejoramiento y construcción de vivienda", dice el comunicado.

Pero insisto a que el diálogo es la solución, pero respaldó los comentarios de la mandataria. 

El pasado 14 de julio se informó sobre las nuevas medidas que el gobierno implementará para controlar la regularización de vivienda. 

Entre las acciones propuestas están la estabilización de rentas, que el índice de precios de alquiler sea razonable, la regulación de rentas temporales y plataformas digitales, la defensoría de derechos de inquilinos, además de que se impulsará una ley de rentas justas y asequibles.

Además, planea construir vivienda pública sostenible, programas de arrendamiento social para jóvenes, madres solteras, adultos mayores y trabajadores urbanos, el apoyo a la vivienda nueva progresiva, combate a la especulación inmobiliaria y la planeación participativa comunitaria.

Por último, indicó, se buscará un programa de protección del patrimonio, estímulos a comercios locales, la participación comunitaria en políticas de inclusión y la creación de un observatorio de suelo y vivienda.