En tres ocasiones, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Gobernación antes de hoy habían afirmado que Israel Vallarta Cisneros, liberado tras casi 20 años sin sentencia, no podía salir de prisión porque es presunto responsable de varios secuestros de personas.

Vallarta Cisneros, presunto líder de la banda de secuestradores “Los Zodiaco”, fue liberado el 1 de agosto pasado por la jueza titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal, Mariana Vieyra Valdez, quien determinó que la FGR “no logró probar la responsabilidad del acusado en los delitos que le imputó la Fiscalía”.

En la conferencia matutina de ese día, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que desde que era secretaria de Seguridad, la actual secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, “estuvo trabajando” para liberarlo con el argumento, sobre todo, de los señalamientos de tortura. 

Vallarta fue detenido el 9 de diciembre de 2005 junto con la ciudadana francesa Florence Cassez, durante un supuesto operativo de rescate de víctimas de secuestro. La operación, encabezada por la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI) de la Policía Federal, bajo el mando de Genaro García Luna con el apoyo de Luis Cárdenas Palomino, fue transmitida en vivo por diversos medios, aunque más tarde se reveló que la autoridad realizó un montaje, pues los detenidos habían sido aprehendidos un día antes.

Israel Vallarta declaró que fue torturado antes de ser presentado en el supuesto operativo para aceptar pertenecer a una banda de secuestradores. Mientras que Cassez, sentenciada a 96 años en 2008, logró su libertad en 2013 tras comprobar que no se respetó el débito proceso durante su detención y fue sometida a tortura.

Este martes 12 de agosto, Alejandro Gertz Manero dio a conocer que la fiscalía a su cargo apelará la determinación judicial que liberó a Vallarta hace 11 días. El propósito de la apelación, dijo, es defender a las seis víctimas de secuestro que se perpetró antes del montaje de las autoridades ocurrido el 9 de diciembre de 2005.

“El delito de secuestro, después del homicidio, es el delito más grave que puede sufrir cualquier persona. En este caso particular (el de Israel Vallarta), hay seis personas que sufrieron un secuestro. Ese secuestro se llevó a cabo antes de que hubiera una diligencia evidentemente ilegal y abusiva, y esas personas no pueden quedar en estado de indefensión”, dijo.

En otras dos ocasiones, los secretarios de Gobernación en la administración de Andrés Manuel López Obrador coincidieron en que Vallarta no podía ser liberado debido a diversas acusaciones en su contra diferentes a la relacionada con Florence Cassez.

En abril de 2021, la entonces encargada de la política interior, Olga Sánchez Cordero, aclaró que Israel Vallarta “tiene otras dos causas penales por otros dos delitos de secuestro y por eso es que no se le puede aplicar (la exoneración)”.

Cinco meses después, en septiembre de ese año, Adán Augusto López Hernández dijo que “Israel Vallarta enfrenta un proceso, fue víctima de tortura y esta se acreditó con dictámenes correspondientes al Protocolo de Estambul en el proceso seguido por el secuestro de Christian (…), sin embargo, tiene otro proceso abierto por otro secuestro, en el cual no se ha acreditado la tortura ni la violación al Protocolo de Estambul, por lo tanto, no puede ser beneficiario de los beneficios del decreto (de excarcelación de personas torturadas)”.

El 25 de mayo de este año, el fiscal Gertz Manero reiteró esa información. "Son una serie de procedimientos que se han acumulado en esa persona (Israel Vallarta) y en las personas que colaboraron con él. Y todos esos procedimientos… lo ha determinado y lo ha aceptado procesalmente el Poder Judicial", aseguró. 

Durante años, las autoridades federales vincularon a "Los Zodiaco" con al menos 20 casos de secuestro en Ciudad de México, Estado de México y Morelos, entre 2001 y 2009. Según los informes de la AFI, la estructura de la banda era liderada por Israel Vallarta, alias “El Cáncer”, junto con sus hermanos Mario, René y Arturo.

“Es una obligación moral, es una obligación ética y jurídica defender a las víctimas del secuestro. Y nosotros vamos a proceder a través del recurso de apelación”, dijo Gertz Manero en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, este martes.