La renuncia de Vidulfo Rosales como representante legal del caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa para integrarse como asesor de Hugo Aguilar Ortiz, presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sorprendió a las familias de los normalistas porque durante casi 11 años representó la voz y el sentir de ellos.
Para Abel Barrera, presidente de Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña, afirmó que fue una decisión personal de Rosales y espera que esta oportunidad sea realmente para garantizar la justicia a las clases más vulnerables, en particular con la población indígena.
“Pero, pues sobre todo para que la administración de justicia sea para que no tenga sesgos y que sea precisamente tomando en cuenta esta perspectiva intercultural, esta perspectiva desde los derechos humanos, la máxima protección de los derechos a las víctimas y que, pues obviamente todos los temas sensibles”, aseguró Abel Barrera.
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En la organización de Tlachinollan, Rosales Sierra, trabajó como abogado defensor de las comunidades indígenas víctimas de abusos y atropellos de las autoridades de las tres órdenes de gobierno.
El integrarse al máximo tribunal de justicia del país en medio de una transición que generó polémica por el proceso de elección de los jueces, magistrados y ministros, que enfrenta señalamientos de que estará sometida al régimen y a una ideología partidista, será un reto para Rosales.
“Ahí viene el desafío hay temas muy sensibles que tiene que abordar la Suprema Corte de Justicia que esperemos lo hagan tomando en cuenta los estándares internacionales de máxima protección a los derechos de las víctimas y ahí será una prueba de fuego, pues entonces creo que ahí está oportunidad”, consideró el director de la organización defensora de derechos humanos en Guerrero.