La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para otorgar al Congreso de la Unión la facultad de expedir una Ley General contra el Delito de Extorsión que se perseguirá de oficio.
En 40 minutos, los integrantes de dicha comisión aprobaron por unanimidad el dictamen y turnaron el dictamen a la Mesa Directiva del recinto legislativo de San Lázaro para llevar a cabo su discusión a partir del 1 de septiembre, fecha en la que comienza el nuevo periodo ordinario de sesiones.
La nueva legislación deberá establecer el tipo penal de la extorsión, sus agravantes, los delitos vinculados y sus sanciones, a fin de prevenir, investigar y castigar dicha conducta, eliminando los vacíos legales en la materia, de acuerdo a la modificación del artículo 73 de la Constitución.
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El proyecto establece que con esta reforma “articular los recursos del Estado para el combate estratégico del delito mediante acciones de investigación e inteligencia; el uso de herramientas institucionales como programas de formación y capacitación de personal especializado; canales de denuncia y seguimiento coordinados; atención pronta y efectiva a víctimas, ofendidos y testigos, así como reparación integral del daño”.
El pasado 8 de julio, la presidencia de la república emitió un comunicado en el que explicó que la iniciativa tiene el objetivo de que “la denuncia por extorsión, no recaiga en la víctima, sino en el estado mexicano; por lo que se perseguirá de oficio”.
“Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, desde el domingo 6 de julio, se habilitó el número telefónico 089 para que las víctimas denuncien de manera anónima y que las unidades especializadas de investigación se dediquen a perseguir el delito”, indicó el boletín.
La presidencia detalló que “la víctima no es solamente quien recibió la extorsión, sino el Estado mexicano se asume como víctima y atiende el delito”.
“La Ley General contra la Extorsión permitirá que todos los estados de la República tengan la obligación de legislar para combatir este delito, de acuerdo a la norma general”, indica el comunicado.